Moratoria para los chiringuitos
El PP subrayó ayer su oposición frontal a la aplicación de la Ley de Costas, aprobada en 1988, con la celebración de una reunión que convocó a la Consejería de Presidencia a alcaldes y concejales de Valencia, Alicante y Castellón, a tres consejeros, además del vicepresidente Vicente Rambla, y a representantes de los hosteleros de las tres provincias. El objetivo, un frente común contra el derribo de siete chiringuitos en Alicante -con sentencia favorable a Costas- y contra la exigencia del Gobierno de que los establecimientos de las playas de la Malva-rosa, Pinedo y El Saler reduzcan la superf...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El PP subrayó ayer su oposición frontal a la aplicación de la Ley de Costas, aprobada en 1988, con la celebración de una reunión que convocó a la Consejería de Presidencia a alcaldes y concejales de Valencia, Alicante y Castellón, a tres consejeros, además del vicepresidente Vicente Rambla, y a representantes de los hosteleros de las tres provincias. El objetivo, un frente común contra el derribo de siete chiringuitos en Alicante -con sentencia favorable a Costas- y contra la exigencia del Gobierno de que los establecimientos de las playas de la Malva-rosa, Pinedo y El Saler reduzcan la superficie que excede su concesión.
Rambla anunció que pedirán una comisión mixta con el Gobierno para analizar "caso por caso" la situación de los chiringuitos y exigir una moratoria para cualquier decisión sobre ellos. El Consell, además, solicitará "una cesión de competencias limitada" para que sean los ayuntamientos los que decidan la instalación de chiringuitos. Tanto Rambla como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la confederación de hosteleros, Juan Carlos Gelabert, denunciaron que el trato del Gobierno es "discriminatorio" y perjudica a la economía.
Paralelamente, se celebró en Madrid otra reunión de los hosteleros valencianos con el Ministerio de Medio Ambiente, que dijo que "todas las partes" apostaron por soluciones "justas y razonables" y vieron avances en las conversaciones.