Fin de trayecto
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el recurso interpuesto por Batasuna contra la Ley de Partidos, con base en la cual se había procedido a la ilegalización de dicha formación y a la exclusión electoral, hasta el momento de manera titubeante, pero casi con toda seguridad con mucha firmeza en el futuro, pone punto final a la discusión sobre tan controvertida ley.
Conociendo la jurisprudencia del TEDH en la materia, no tenía duda de que su decisión iba a ser la que ha sido. El problema de la Ley de Partidos no radicaba en que pudiera estar en contradicción con el Conv...
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el recurso interpuesto por Batasuna contra la Ley de Partidos, con base en la cual se había procedido a la ilegalización de dicha formación y a la exclusión electoral, hasta el momento de manera titubeante, pero casi con toda seguridad con mucha firmeza en el futuro, pone punto final a la discusión sobre tan controvertida ley.
Conociendo la jurisprudencia del TEDH en la materia, no tenía duda de que su decisión iba a ser la que ha sido. El problema de la Ley de Partidos no radicaba en que pudiera estar en contradicción con el Convenio de Roma, sino en que carecía de cobertura en la Constitución, que no contempla una vía distinta de la penal para poner fuera de la ley a un partido político. Pero esa es una cuestión que únicamente la podían revisar los tribunales españoles, Supremo y Constitucional. Una vez que habían aceptado la constitucionalidad de la ley, la decisión del TEDH estaba cantada.
El debate sobre la Ley de Partidos está cerrado jurídica y políticamente
El debate está cerrado. La Ley de Partidos no está en contradicción con la Constitución ni con el Convenio de Roma y goza, por tanto, de plena legitimidad para que los poderes públicos y los tribunales españoles la apliquen de la manera en que razonablemente tienen que ser aplicadas las leyes.
Se puede seguir pensando que la ley, aunque constitucional, es una mala ley y que, en consecuencia, sería conveniente su reforma o derogación. Pero, para eso, hay que convencer a las Cortes, que son las únicas que pueden aprobar una nueva ley orgánica en ese sentido, lo que se antoja una tarea imposible. Entre otras cosas, porque la opinión pública española respalda la ley de manera abrumadoramente mayoritaria.
Quiere decirse, pues, que el debate jurídicamente está cerrado, pero políticamente también. Y nadie debería llamarse a engaño. La Ley de Partidos va a formar parte durante el tiempo en que es posible hacer predicciones del marco que va a presidir la competición electoral en el País Vasco. Nadie que quiera concurrir a cualquiera de los procesos electorales en cualquiera de los niveles a través de los cuales se articula nuestra fórmula de Gobierno va a poder diseñar una estrategia que deje de tomar en consideración lo que en dicha ley se establece, así como la interpretación que de la misma vienen haciendo el Supremo y el Constitucional. Cualquier cálculo electoral que desconozca este dato conducirá inevitablemente a un callejón sin salida.
La reacción de Arnaldo Otegi a la decisión del TEDH ha puesto de manifiesto el desconcierto en que la izquierda abertzale se encuentra. Decir que la sentencia no supone ninguna novedad y equiparar una decisión judicial adoptada por unanimidad por siete jueces de diferentes países europeos, tras haber oído los argumentos de todas las partes, con la definición de George W. Bush de su doctrina de la "guerra preventiva", es tan disparatado que sobran comentarios. Si persisten en esa línea se están condenando a la marginación y, como consecuencia de ella, a la irrelevancia.
La sentencia del TEDH supone el fin definitivo e irreversible de la presencia de ETA en el sistema político español. Podrá continuar como asociación de malhechores, pero sin proyección política. Lo que no se consiguió con los Pactos de Madrid y de Ajuria Enea a finales de los ochenta, aunque se estuvo a punto de conseguirlo en 1993, sí se ha conseguido ahora. Nadie que no renuncie expresamente a la violencia como arma política va a poder penetrar en el territorio en el que se desarrolla la competición política. La sentencia legitima que se blinden las fronteras del sistema político español para que no se cuele nadie que no rechace la violencia.
Para la izquierda abertzale ajustarse a esta nueva realidad es cuestión de vida o muerte. Pero, sin llegar a tanto, también es una novedad con la que va a tener que ajustar cuentas el nacionalismo democrático en todas sus diferentes manifestaciones, empezando por el PNV y siguiendo por todas las demás. Si en el pasado el nacionalismo democrático ha podido jugar con una cierta ambigüedad, más en unos momentos y menos en otros, ahora ya no va a poder. La ventaja que le proporcionaba la presencia de una izquierda abertzale vinculada a ETA, sobre todo en el Parlamento vasco, se ha acabado. El cálculo electoral ya no lo puede hacer como lo hizo desde las primeras elecciones de 1980 hasta las celebradas este año. El marco va a ser siempre el de este año. También el PNV y los demás partidos nacionalistas democráticos tienen que mover ficha. Y no disponen de mucho tiempo para hacerlo.