Las nuevas medidas del diálogo social suman 2.053 millones

Entre las propuestas laborales que el Ejecutivo envió a los agentes sociales la semana pasada, destacan dos: las ayudas a parados sin prestación y la rebaja de medio punto en las cotizaciones sociales. La aplicación de ambas, de concretarse en los términos actuales, ascenderían en total a 2.053 millones de euros, según los cálculos que el Gobierno ha hecho y que refleja el primer borrador de la negociación.

La ayuda a parados sin renta propuesta es de 420 euros, estaría sujeta a que el beneficiado se incluyera en programas de formación y tendría una duración de seis meses. El Gobierno c...

Entre las propuestas laborales que el Ejecutivo envió a los agentes sociales la semana pasada, destacan dos: las ayudas a parados sin prestación y la rebaja de medio punto en las cotizaciones sociales. La aplicación de ambas, de concretarse en los términos actuales, ascenderían en total a 2.053 millones de euros, según los cálculos que el Gobierno ha hecho y que refleja el primer borrador de la negociación.

La ayuda a parados sin renta propuesta es de 420 euros, estaría sujeta a que el beneficiado se incluyera en programas de formación y tendría una duración de seis meses. El Gobierno cree que "aproximadamente 200.000 personas" pueden beneficiarse de esta ayuda, por lo que la factura total ascendería a 453 millones. No obstante, los sindicatos reclaman que el tiempo de percepción de la ayuda sea de un año y que el colectivo que se beneficie sea sensiblemente mayor. Lo que, lógicamente, aumentaría la cuenta final.

Por lo que respecta a la rebaja de medio punto en las cotizaciones por accidentes laborales, el recorte supone unos 1.600 millones de euros que se financiarían de "los excedentes anuales de las Mutuas de Accidentes de Trabajo". En este punto los empresarios se muestran disconformes porque aspiran a un recorte de cinco puntos sobre las contingencias comunes.

Junto a estas medidas, el Ejecutivo ha puesto más sobre la mesa. En un texto de 15 puntos, propone suprimir veto de las empresas de trabajo temporal en sectores peligrosos y Administración pública o iniciativas contra el absentismo laboral, entre otras. Sobre estas bases, el Ejecutivo (con la implicación directa de La Moncloa) y los agentes sociales negocian para llegar a un acuerdo, ahora lejano, antes de finalizar julio.