El chamizo donde vivo es de otro

Por supuesto que la casa con la que sueñan Jon y Lucía tiene baño, cocina y una habitación para sus nietos. Quizá también un balcón con vistas. Pero esa casa queda muy lejos de su alcance. De momento, y a falta de ventanas, adornan la pared de su habitación con un póster de un paisaje idílico. En la única sala de su chabola de ladrillo caben dos camas de matrimonio, algunos recuerdos de su Rumania natal y una barra en la que colgar la ropa. Fue una de las primeras en levantarse en el ensanche del Gallinero, una parte del asentamiento chabolista cercano al vertedero de Valdemingómez, al ...

Por supuesto que la casa con la que sueñan Jon y Lucía tiene baño, cocina y una habitación para sus nietos. Quizá también un balcón con vistas. Pero esa casa queda muy lejos de su alcance. De momento, y a falta de ventanas, adornan la pared de su habitación con un póster de un paisaje idílico. En la única sala de su chabola de ladrillo caben dos camas de matrimonio, algunos recuerdos de su Rumania natal y una barra en la que colgar la ropa. Fue una de las primeras en levantarse en el ensanche del Gallinero, una parte del asentamiento chabolista cercano al vertedero de Valdemingómez, al este de Madrid, que empezó a crecer hace dos años. Su numerosa familia se reparte en otras cuatro infraviviendas contiguas. Nunca les ha molestado nadie, afirman. Hasta que hace unas semanas llegaron 47 citaciones de un juzgado que han sembrado el lugar de incertidumbre.

"No vas a ir a la cárcel", aseguraban los abogados a un inmigrante

La empresa reclamó hace dos años que se desalojara la zona

La razón la descubrieron los voluntarios de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, en Valdemingómez, poco después. La inmobiliaria Estudio 5 de Gestión y Proyectos, propietaria de parte de los terrenos, les había denunciado por usurpación. Hace dos años que solicitó a un juzgado de lo penal que echase a las familias de rumanos de etnia gitana que habían empezado a ocupar las tierras. El juzgado archivó la causa por entender que no estaba acreditado que hubiesen cometido ningún delito. La empresa recurrió a la Audiencia Provincial, que ordenó reabrir la instrucción. El pasado miércoles empezaron a desfilar por los juzgados de plaza de Castilla los habitantes del Gallinero.

Hacía meses que Lucía, que ronda la cuarentena, no pisaba el centro de Madrid. La mañana del miércoles la pasó entre autobuses, metros y preocupación. En los pasillos del juzgado, ella, su marido Jon y su hermano Adrián atendían los consejos de los abogados que les defienden. Adrián, que es sordo y habla por señas, repetía con nerviosismo el gesto de estar esposado. "No te van a meter en la cárcel", le intentaban tranquilizar los voluntarios de la parroquia que les acompañaban. Fueron los primeros en ir a declarar.

"Me han preguntado si alguna vez vino alguien a decirnos que no podíamos estar ahí", relataba a la salida Jon, que se presentó ante el juez con chaqueta de pana negra y zapatos relucientes. Si sabían que ese terreno era de alguien y si se habían asentado por la fuerza. Todos repiten que no.

"Para que sea delito tiene que haber el expreso ánimo de dañar los intereses de la inmobiliaria", explica Antonio Hornedo, abogado de Cáritas y uno de los que se reparten la defensa de los rumanos. "Creo que los responsables de la empresa saben que esto no tiene trascendencia penal", opina el letrado, para explicar a continuación que los procedimientos civiles de desahucio en este tipo de casos no suelen llegar a buen puerto. "Están utilizando indebidamente un medio para conseguir sus fines. Pero no vale todo".

"Consideramos que la vía civil no era el vehículo adecuado", alega un representante de la empresa, propiedad de Manuel Hermo Patiño. "No queremos meter a nadie en la cárcel, sólo que se les desaloje", apuntan. "El factor humano tampoco se puede obviar". Hasta finales de junio, los "factores humanos" seguirán visitando los juzgados de la plaza de Castilla.

En el Gallinero, mientras tanto, la vida sigue. Lucía limpia el habitáculo en el que vive con Jon. Varias pequeñas corretean descalzas junto a la puerta, metiendo las manos en las vísceras del pescado que su cuñada prepara para comer. Unas 500 personas sobreviven aquí, a los pies de la carretera de Valencia, en un extremo de la Cañada Real. Un poblado fantasma, rodeado de basura y escombros, para el que ninguna de las administraciones implicadas ha encontrado todavía solución.

La falta de servicios la resolvieron ellos mismos hace tiempo. Recogen agua de una tubería desviada en mitad de un descampado cercano y conectan los aparatos eléctricos directamente a las torres de alta tensión. Así han conseguido equipar una cocina común con nevera, horno y fogones donde pasan la mañana varios de los hombres. "Vinimos porque en Rumania no conseguíamos trabajo", cuenta Jon, amable, con un español de acento marcado. "Aquí ganamos lo justo para dar de comer a nuestra familia. Limpiando coches o recogiendo chatarra".

La inmobiliaria, que fue acusada en dos ocasiones de vender viviendas públicas con sobreprecio, explica que el terreno forma parte del sector urbanístico de Valdecarros, cuyo plan parcial ya está aprobado, y en el que "va a haber un desarrollo a largo plazo". Cuando vio que el asentamiento se extendía pusieron una valla, que de poco sirvió. Y denunció para echar a los ocupantes.

En la zona central del Gallinero, cuyo terreno pertenece a otros propietarios, ya hubo derribos en 2007, pero las máquinas se detuvieron a mitad de trabajo por un recurso judicial de los rumanos. La saturación en el lugar obligó a los nuevos inmigrantes que llegaban a instalarse unos metros más cerca de la carretera, dando lugar al ensanche, que es territorio de Estudio 5. "Cuando llegamos esto estaba abandonado", relatan los inmigrantes rumanos. "Nosotros pusimos hasta la grava en el suelo".

A casi todas las chabolas a las que uno se asoma ha llegado la carta del juzgado, de mano de los agentes municipales y en rumano, según explican. Al final del camino principal, frente a la chabola en la que descansa una chiquilla de 15 años embarazada de ocho meses, Nadia vigila a sus niñas a la puerta de su vivienda. Ella, por el momento, ha sido la última en declarar. También lleva dos años en la zona y posee otra de las pocas chabolas de ladrillo. Y tampoco sabe que la tierra en la que a sus 26 años cría a sus seis hijos puede acabar formando parte de Valdecarros, anunciado como el futuro mayor barrio de España.

"¿Y si os echan?". Nadia, que pone cara de impotencia, repite la misma respuesta que sus vecinos. Sonríe y se encoge de hombros.