Imputada una registradora de la propiedad de Marbella
La juez María Jesús del Pilar Márquez, que instruye el caso Hidalgo, ha imputado a Nieves Ozámiz, titular del Registro de la Propiedad número 4 de Marbella, en una investigación derivada de esta causa de blanqueo de capitales, según fuentes judiciales. La magistrada al frente del juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, que sustituye a Francisco de Urquía, apartado del juzgado por el Consejo General de Poder Judicial tras ser condenado por cohecho, mantiene las actuaciones secretas.
El pasado miércoles, agentes del grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, inspecciona...
La juez María Jesús del Pilar Márquez, que instruye el caso Hidalgo, ha imputado a Nieves Ozámiz, titular del Registro de la Propiedad número 4 de Marbella, en una investigación derivada de esta causa de blanqueo de capitales, según fuentes judiciales. La magistrada al frente del juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, que sustituye a Francisco de Urquía, apartado del juzgado por el Consejo General de Poder Judicial tras ser condenado por cohecho, mantiene las actuaciones secretas.
El pasado miércoles, agentes del grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, inspeccionaron el registro de Ozámiz y tomaron fotografías de los tomos durante toda la jornada. En la oficina están inscritos los bienes inmuebles de núcleo marbellí de San Pedro y el municipio vecino de Benahavís. Ese mismo día prestaron declaración en el juzgado al menos dos imputados del caso Hidalgo y el jueves fue citada otra persona.
La juez notificó la creación de esta pieza separada del caso Hidalgo en noviembre del año pasado. El sumario de la causa incluye un informe del grupo de Blanqueo de la policía en el que se subraya la existencia de dos empresas radicadas en el despacho de abogados Cruz-Conde, investigado en el caso Hidalgo, con códigos de identificación fiscal (CIF) iguales.
Los investigadores pidieron explicaciones a la registradora, que les dijo que se trataba de un error, pero no quedaron conformes y solicitaron una nueva línea de investigación por delitos de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y blanqueo.