Fiscalía dubitativa

Si alguna duda había sobre el escaso entusiasmo de la Fiscalía Anticorrupción porque el caso Correa llegue al Tribunal Supremo, el informe sobre esta cuestión que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid parece haberla despejado. Anticorrupción no descarta esa posibilidad, pero la estrategia procesal que dibuja parece destinada a alejarla, lo que puede terminar por afectar a la propia investigación.

La posible competencia del Supremo no sólo deriva de la implicación en la causa de aforados nacionales -un senador y un eurodiputado-, sino de aforados de dos autonomías...

Si alguna duda había sobre el escaso entusiasmo de la Fiscalía Anticorrupción porque el caso Correa llegue al Tribunal Supremo, el informe sobre esta cuestión que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid parece haberla despejado. Anticorrupción no descarta esa posibilidad, pero la estrategia procesal que dibuja parece destinada a alejarla, lo que puede terminar por afectar a la propia investigación.

La posible competencia del Supremo no sólo deriva de la implicación en la causa de aforados nacionales -un senador y un eurodiputado-, sino de aforados de dos autonomías diferentes: Madrid y Comunidad Valenciana. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid suscitó la cuestión al hacerse cargo de la parte de la causa que le remitió el juez Garzón y solicitó el correspondiente informe a la Fiscalía Anticorrupción. La respuesta ha sido que no hay razón para que el Supremo asuma el caso, pues no hay una causa, sino dos, y con sus propios aforados. Y ello porque los hechos que afectan a Francisco Camps y Ricardo Costa -dádivas recibidas en forma de trajes- no aparecen de momento "relacionados con una actividad concreta de las mercantiles vinculadas a Francisco Correa". Su investigación correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Valencia en una causa exclusivamente circunscrita a los dos altos cargos y aforados valencianos. Para Anticorrupción no constituye suficiente nexo de unión con la causa principal el que los trajes, según los indicios, fueran pagados por sociedades de la trama empresarial de Correa.

Estos argumentos sirven para lo contrario al aplicarlos a los dos ex altos cargos valencianos no aforados implicados por los mismos hechos que Camps y Costa. En este caso la investigación se remite a la causa que se tramita en Madrid con un argumento desconcertante: allí se podrá probar si ha existido alguna relación entre las dádivas recibidas y la actividad de las empresas de Correa. ¿Quiere ello decir que el Tribunal de Justicia de Valencia no podrá hacer lo propio con Camps y Costa? Si fuera así, se abriría la puerta a un posible sobreseimiento o a una lectura penal benigna de lo sucedido. Todo ello hace dudar del sentido, y sobre todo de la congruencia, de la estrategia seguida por Anticorrupción en una causa que, por los intereses políticos y personales en juego, necesita un firme y decidido impulso procesal para llevarla a término.