Diputados y pluriempleo

El pasado jueves, 90 diputados se negaron a avalar los informes de la Comisión del Estatuto del Diputado en los que se autorizaba a 79 parlamentarios a desempeñar ocupaciones extraparlamentarias, como excepción tolerada al principio general de dedicación exclusiva. Eran votos de protesta contra el velo de secretismo y opacidad que viene cubriendo la permisividad en materia de incompatibilidades.

Es un lugar común, no exento de fundamento, argumentar que los cargos públicos deben ser personas capaces de ganarse la vida al margen de la política y no profesionales de esa actividad que no h...

El pasado jueves, 90 diputados se negaron a avalar los informes de la Comisión del Estatuto del Diputado en los que se autorizaba a 79 parlamentarios a desempeñar ocupaciones extraparlamentarias, como excepción tolerada al principio general de dedicación exclusiva. Eran votos de protesta contra el velo de secretismo y opacidad que viene cubriendo la permisividad en materia de incompatibilidades.

Es un lugar común, no exento de fundamento, argumentar que los cargos públicos deben ser personas capaces de ganarse la vida al margen de la política y no profesionales de esa actividad que no han hecho otra cosa en su vida. Pero ocurre que, con ese argumento, bastantes de esos profesionales de la política, incluyendo diputados del Congreso, se dedican a la vez a ocupaciones extraparlamentarias remuneradas no relacionadas con su cargo público: para obtener sobresueldos o para cubrirse la retirada.

La Ley Electoral establece que el cargo de diputado es incompatible con el desempeño de cualquier otro puesto, profesión o actividad retribuida, pública o privada. Pero la norma deja abierta la posibilidad de compatibilizar ese desempeño con ciertas actividades, siempre que no impliquen relación contractual con las administraciones públicas. Desde hace años, algunos grupos vienen denunciando que en la práctica la excepción se ha convertido en regla gracias a la excesiva flexibilidad con que es interpretada por la mayoría de la Cámara y, sobre todo, al secretismo y falta de mecanismos de verificación que preside su aplicación.

No tiene fácil justificación que el informe completo de la Comisión sólo sea conocido por los portavoces de cada grupo, y no por todos los diputados; ni que las posibilidades de conocer públicamente las declaraciones presentadas por los diputados estén sometidas a cautelas que hacen imposible en la práctica darlas a conocer. Algo que contrasta vivamente con el entusiasmo que suscita la transparencia de los usos políticos estadounidenses, por ejemplo, a la hora de verificar la idoneidad de cualquier cargo público.

A la vista de algunas de las declaraciones que estos días han aflorado, rompiendo la barrera del secreto, hay que dar la razón a los 90 diputados que se negaron a votar a ciegas por la compatibilidad de las lucrativas actividades no remuneradas de conocidos y no tan conocidos diputados de diversas formaciones.