El código ético no es suficiente

No estoy nada seguro de que la corrupción sea una amenaza menor que el terrorismo para nuestro sistema político. Más bien tiendo a pensar lo contrario. La fuerza atractiva del terrorismo es prácticamente nula, me atrevería a decir que incluso negativa. El terrorismo, por un lado, debilita, pero, por otro, fortalece el sistema político, en la medida en que nos hace ser conscientes de que, por encima de aquello que nos enfrenta respecto de las distintas opciones políticas, hay algo que nos une frente a la amenaza exterior. La agresión terrorista al sistema político es una agresión frontal desde ...

No estoy nada seguro de que la corrupción sea una amenaza menor que el terrorismo para nuestro sistema político. Más bien tiendo a pensar lo contrario. La fuerza atractiva del terrorismo es prácticamente nula, me atrevería a decir que incluso negativa. El terrorismo, por un lado, debilita, pero, por otro, fortalece el sistema político, en la medida en que nos hace ser conscientes de que, por encima de aquello que nos enfrenta respecto de las distintas opciones políticas, hay algo que nos une frente a la amenaza exterior. La agresión terrorista al sistema político es una agresión frontal desde fuera del sistema, que se ve venir y frente a la cual la reacción defensiva suscita asentimiento.

La corrupción, por el contrario, es una agresión que se produce desde dentro del sistema político, que requiere por lo general la participación de quienes son representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos y el concurso no infrecuente de funcionarios públicos, cuyos actos se diferencian de los de los demás ciudadanos porque gozan de una presunción de legitimidad. Como decía el Preámbulo de la Constitución Francesa de 1971, no es admisible en el Estado Constitucional superioridad alguna en las relaciones entre los ciudadanos "que no sea la de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones". Esta superioridad es la que traiciona la corrupción.

La corrupción mina al Estado desde dentro, se trata de una agresión soterrada y espuria, que no siempre resulta fácil de identificar y que, una vez que ha sido identificada, no resulta fácil de corregir. Tiene, además, una fuerza expansiva considerable, que tiende a debilitar el sistema inmunológico y a facilitar el desarrollo de enfermedades oportunistas.

Hasta el momento la corrupción no ha afectado de manera significativa a nuestro sistema político en lo que al nivel estatal de la fórmula de gobierno se refiere, pero sí lo ha afectado en el nivel autonómico y, sobre todo, en el nivel provincial y municipal. Aunque no creo que España se diferencie de los demás países de nuestro entorno por el grado de corrupción, pienso que hay motivos para estar preocupados y para ir pensando algún tipo de medidas para hacerle frente.

Es obvio que la solución de los códigos éticos internos de los partidos no ha dado el resultado que se hubiera podido esperar de ellos. Su aplicación tiende a ser selectiva, como estamos viendo en estas últimas semanas. Pedagógicamente sus efectos no pueden ser más deletéreos.

Tal vez habría que pensar en incorporar a nuestra legislación contra la corrupción algunas de las técnicas que se han incluido en la Ley de Partidos para impedir que quienes son autores de determinadas conductas puedan ejercer el derecho de sufragio pasivo, es decir, puedan concurrir como candidatos a las elecciones. Personas sobre cuya conducta recaen indicios fundados de actuaciones corruptas tal vez no deberían poder concurrir a las elecciones, ni en las listas de un partido ni en las de coaliciones electorales. Un representante político no debería ser alguien presuntamente inocente, sino alguien sobre el que no existieran indicios fundados de que puede no serlo.

Sé que el encaje constitucional de esta medida no es fácil, pero tampoco lo es las que se han incluido en la Ley de Partidos para impedir el ejercicio del derecho de sufragio pasivo a personas que no han sido condenadas mediante sentencia y que, por lo tanto, son ciudadanos tan presuntamente inocentes como los demás. ¿Son menos graves para la democracia los indicios de corrupción que los indicios que se contemplan en la Ley de Partidos para impedir que determinados ciudadanos puedan presentarse a las elecciones?