Un asunto "políticamente letal"

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, vive, desde hace un mes, su peor pesadilla. Ni los plantes zaplanistas de la primera legislatura, ni el mayor accidente de metro de España acaecido en Valencia, ni la moción de censura socialista de hace dos años le habían quitado el sueño como lo ha hecho la operación Gürtel. El sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha hallado indicios de delito en la actuación del jefe del Consell y de su portavoz parlamentario y secretario general del PP, Ricardo Costa -así como en Víctor Campos, ex vicepresidente de la...

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, vive, desde hace un mes, su peor pesadilla. Ni los plantes zaplanistas de la primera legislatura, ni el mayor accidente de metro de España acaecido en Valencia, ni la moción de censura socialista de hace dos años le habían quitado el sueño como lo ha hecho la operación Gürtel. El sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha hallado indicios de delito en la actuación del jefe del Consell y de su portavoz parlamentario y secretario general del PP, Ricardo Costa -así como en Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y en Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. El auto asegura que ambos se hicieron trajes a medida que fueron pagados por Orange Market y que su presidente, Álvaro Pérez, El Bigotes, buscó ganarse el favor de estos políticos para obtener contrataciones. Garzón apunta además a una supuesta financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana. Extremos que niegan con rotundidad tanto el PP como la Generalitat.

El contagio masivo impide al presidente de la Generalitat pedir dimisiones

La política de fastos del Consell ha estado rodeada de opacidad y derroche

Aunque es difícil conocer cuál será el discurrir judicial del auto de Garzón remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la cúpula del PP no oculta que el asunto es "políticamente letal". Hasta el punto de que está en juego el futuro político del propio presidente.

Sin embargo, el jefe del Consell, un hombre de carácter afable, que ha tenido a gala esgrimir su honradez personal como enseña, llega cargado de lastres a su primer pleito judicial. A continuación se detallan algunas claves que explican su difícil situación.

- La doctrina Fabra. Desde su acceso a la presidencia de la Generalitat, Camps se vio en la necesidad de asegurarse el apoyo del presidente de la Diputación y del PP provincial de Castellón, Carlos Fabra, en la durísima disputa por el control del partido con Eduardo Zaplana. Fabra, que presume de sus prácticas caciquiles, pronto se vio imputado como supuesto autor de varios delitos contra la Administración pública, al que se sumaría después otro supuesto delito fiscal. La patente de corso otorgada por Camps a Fabra atrajo al campismo, como moscas a un tarro de miel, a otros dirigentes del PP con problemas con la justicia. Alcaldes (Alicante, Orihuela, Torrevieja), concejales, senadores... que se han asegurado la cobertura del partido y de la Generalitat hasta que haya una sentencia condenatoria en firme. Y aún más allá, como demuestra el caso del ex alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, condenado por el Supremo por prevaricación a prisión menor e inhabilitación y que hasta ayer mismo se mantuvo al frente del PP local.

- "Nunca pregunto por expediente alguno". La frase es del propio presidente de la Generalitat que, en sede parlamentaria, aseguró: "Lo que me interesa es que funcione el hospital y se haga la carretera". Esta actitud laxa del jefe del Consell respecto a sus subordinados -en los antípodas de la del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana- ha provocado que el presidente no sepa con exactitud cómo ha funcionado su Administración. Camps se ha visto sorprendido en los últimos días salpicado también por el escándalo de las contrataciones de su consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que adjudicó obras a un empresario amigo. Las esposas de ambos comparten la propiedad de una finca en la que, además, hay un parany (arte de caza declarado ilegal por el Tribunal Supremo).

- La opacidad de los eventos. La política de fastos impulsada por Camps ha estado rodeada de opacidad y derroche, hasta el punto de que dos años y medio después de la visita del Papa a Valencia todavía no se sabe cuánto dinero se gastó la Administración valenciana en este evento. El escándalo desatado a raíz de la investigación de Garzón ha puesto de manifiesto algunas cuestiones relevantes: el principal organizador de eventos de la dirección regional del PP, Álvaro Pérez, siempre estuvo, como mínimo, en los alrededores de los grandes eventos de la Generalitat. Pérez se ganó la amistad de la cúpula del PP y de los responsables de importantes empresas públicas, como Pedro García, director general de Ràdio Televisió Valenciana. El Consell siempre ha fiado a la Sindicatura de Comptes la fiscalización de los contratos, aunque ha hecho caso omiso, reiteradamente, de sus advertencias acerca de las irregularidades detectadas; especialmente en materia de publicidad y transparencia.

- Contagio masivo. La investigación del juez de la Audiencia Nacional ha derivado en un contagio masivo que impide al presidente de la Generalitat pedir dimisiones, a modo de cortafuegos, como hace Esperanza Aguirre en Madrid. La endogamia de los populares valencianos, que concentran el poder del partido y la Administración en unas pocas manos, dificulta la capacidad de maniobra de Camps. El auto de Garzón remitido al TSJ vincula a la cúpula del PP con Orange Market. Sin embargo, la operación Gürtel, que sigue en manos de Garzón, apunta a una segunda red de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana. Ésta tiene como protagonista al empresario José Luis Ulibarri, imputado por Garzón, que ha consolidado su presencia en el sector de la construcción y de los medios de comunicación en la Comunidad Valenciana. La aparición de Ulibarri ha revelado sus estrechas relaciones con el bufete de abogados Eius, para el que trabajan el ex ministro José María Michavila -hermano de Ana, jefa de gabinete de Camps- y el portavoz de Economía del PP en las Cortes Valencianas y ex responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, José Marí.

- Una defensa errática. Desde que estalló el escándalo, ahora hace un mes, el desconcierto se ha apoderado del presidente y de su entorno, que no han aportado ningún documento que justifique que pagaron los trajes que confeccionó José Tomás, el sastre de Milano y Forever Young. Lo único que han dejado claro, tanto el Consell como el PP, es que están indignados y acudirán a los tribunales en su defensa.