El PSOE quiere impedir que el BNG adjudique contratos en funciones
Vivenda pretende aprobar un proyecto de 13 millones de euros en Tomiño
La Consellería de Presidencia, que dirige el socialista José Luis Méndez Romeu, se propone bloquear algunas de las decisiones que los departamentos bajo responsabilidad del BNG quieren tomar en los próximos días aprovechando el mes y medio que falta hasta que tenga lugar el traspaso de poderes.
Tras una primera semana de muy escasa actividad durante la cual ni siquiera se reunió el semanal Consello de la Xunta, los diferentes departamentos del Gobierno se disponen a tramitaron los asuntos que tienen pendientes. Entre ellos se encuentran numerosas iniciativas de las consellerías del BNG ...
La Consellería de Presidencia, que dirige el socialista José Luis Méndez Romeu, se propone bloquear algunas de las decisiones que los departamentos bajo responsabilidad del BNG quieren tomar en los próximos días aprovechando el mes y medio que falta hasta que tenga lugar el traspaso de poderes.
Tras una primera semana de muy escasa actividad durante la cual ni siquiera se reunió el semanal Consello de la Xunta, los diferentes departamentos del Gobierno se disponen a tramitaron los asuntos que tienen pendientes. Entre ellos se encuentran numerosas iniciativas de las consellerías del BNG que, según fuentes socialistas, desbordan las atribuciones de un Ejecutivo en funciones. Ese argumento, al menos, será el que utilizará el lunes la Consellería de Presidencia en la reunión que prepara los consellos para bloquear las iniciativas de su socio de Gobierno.
En 2005 PSdeG y BNG pidieron al PP que se abstuviese de resolver contratos
Si el PSOE impone su criterio, uno de los proyectos que se quedará bloqueado es una adjudicación de obras en el polígono industrial del municipio pontevedrés de Tomiño, gobernado por el BNG. La Consellería de Vivenda, en manos de la nacionalista Teresa Táboas, quiere adjudicar la semana que viene este contrato, valorado en 13 millones de euros.
La ley establece que los Ejecutivos en funciones deben limitarse al "despacho ordinario de los asuntos públicos" y que sus medidas no pueden justificarse con la "simple invocación de la urgencia o el interés general" sino que esas circunstancias "deben ser adecuadamente concretadas".
Tanto el PSdeG como el BNG invocaron esta norma para denunciar las adjudicaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Fraga hace cuatro años aprovechando el período que va de las elecciones a la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. En aquella ocasión, los populares decidieron el destino de un centenar de millones de euros.
Hace cuatro años Emilio Pérez Touriño llegó a exigir por escrito a Fraga que se abstuviera de adjudicar y sacar a concurso contratos públicos. En el mismo sentido, el BNG reclamó a la Xunta que paralizase todas las mesas de contratación administrativa. Su portavoz, Anxo Quintana, llegó incluso a proponer la idea de trasladar a la Cámara una norma que regule las atribuciones de los Ejecutivos en funciones para convertir en ley "lo que debería estar dictado por la ética".
El Gobierno del PP en funciones decidió hace cuatro años entre otras cosas la adjudicación de dos licencias para televisiones digitales de ámbito autonómico. Los adjudicatarios fueron el grupo editor de La Voz de Galicia y la COPE.
El Gabinete de Fraga resolvió antes del traspaso de poderes desde un concurso para adjudicar el cuidado de los jardines de sus edificios, con un presupuesto de 650.000 euros, hasta contratos de asistencia técnica de servicios informáticos, convocados por el procedimiento de urgencia con un presupuesto total de más de 300.000 euros.
El Gobierno también resolvió la adjudicación de puestos de responsabilidad, por el sistema de libre designación, de una decena de funcionarios y el plan de acuicultura (que después el bipartito sometió a revisión).
La Fundación Cidade da Cultura de Galicia, dependiente de la Xunta, adjudicó dos días antes de las elecciones de 2005 las obras del Teatro de la Música, uno de los edificios del complejo de la Ciudad de la Cultura que se construye en Santiago, presupuestado en 97.067.413 euros.
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