Suspende pagos una empresa de la que son accionistas Sogama y el Igape

A la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) le crecen los problemas, pero no está sola. El Juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña ha admitido a trámite el concurso de acreedores presentado por Tecnoambiente Galicia, la única empresa en la que la compañía de mayoría pública presidida por José Álvarez Díaz ha tomado parte como accionista, de la que posee un 10% del capital. La suspensión de pagos de la firma, con sede e instalaciones en Cerceda y cuyo objetivo consistía en levantar una fábrica para producir combustibles a partir de derivados plásticos, también arrastra a otro de sus...

A la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) le crecen los problemas, pero no está sola. El Juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña ha admitido a trámite el concurso de acreedores presentado por Tecnoambiente Galicia, la única empresa en la que la compañía de mayoría pública presidida por José Álvarez Díaz ha tomado parte como accionista, de la que posee un 10% del capital. La suspensión de pagos de la firma, con sede e instalaciones en Cerceda y cuyo objetivo consistía en levantar una fábrica para producir combustibles a partir de derivados plásticos, también arrastra a otro de sus accionistas significativos, perteneciente al sector público, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Consellería de Economía. Ahora controla prácticamente un 21% de Tecnoambiente Galicia a través de la gestora de capital riesgo Xesgalicia. Las participaciones de Sogama e Igape suman algo más del 30% de la empresa, tanto como su mayor accionista individual, el empresario Epifanio Campo, vinculado al sector cerámico y a las finanzas.

La inversión inicial en la sociedad fue, en principio, de 4,5 millones de euros

Presidida por Joaquín del Moral, director general de Industria durante más de una década en sucesivos gobiernos de Manuel Fraga, Tecnoambiente Galicia solicitó el concurso de acreedores el pasado 14 de noviembre, y reconoció ante el juez su incapacidad para hacer frente a sus acreedores con un pasivo exigible de 4,3 millones de euros. La solicitud del concurso fue presentada de forma voluntaria, y en el balance de la memoria de la compañía se hacen constar unos activos de siete millones de euros. El titular del Juzgado de lo Mercantil número uno, Pablo González-Carreró Fojón, designó en un auto como administradores concursales de la empresa al economista Ramón Juega Cuesta, a Rafael Pereira González y a un representante legal de Caixa Galicia, el mayor acreedor de la compañía. El Banco Gallego, del que Epifanio Campo es accionista y consejero, también es otra de las principales entidades financiadoras de Tecnoambiente Galicia, y se encuentra entre sus acreedores, según aclaran los administradores.

En pleno proceso de comunicación de créditos al juzgado por parte de la banca acreedora, los administradores de la empresa comenzarán en breve a redactar el informe concursal, del que se desprenderá la viabilidad futura de la compañía o, por el contrario, su liquidación si no se llega antes a un acuerdo de convenio de acreedores. Desde que se presentó el concurso, ni el Igape ni Sogama han informado de la situación procesal de su participada. En su consejo de administración se sientan José Manuel Ortigueira, en representación de Xesgalicia, y el propio presidente de Sogama, José Álvarez Díaz. La participación del Igape se concreta a través del fondo Emprende, según fuentes de la compañía.

Los nuevos administradores concursales de Tecnoambiente consideran que se puede alcanzar un convenio de acreedores para salvar la firma, "sobre todo si se encuentra comprador, se puede llegar a un acuerdo de venta", señalan. Lo cierto es que Tecnoambiente Galicia, que nació en 2005 como un proyecto de I+D para producir combustibles a partir de los residuos plásticos, no ha llegado siquiera a inaugurar su planta, en las inmediaciones de la de Sogama, en Cerceda. La empresa no pasó de la fase de pruebas, y trabajó en un principio en el desarrollo del denominado ecodiésel. Este producto ecológico iba a ser utilizado, según anunció Sogama cuando, en 2006, entró en su accionariado, en la flota de camiones que a diario realizan los transportes de residuos desde las plantas de transferencia hasta el complejo medioambiental ubicado en Cerceda.

La inversión destinada a la planta de Tecnoambiente ascendió en un principio a 4,5 millones de euros, aunque de acuerdo con los administradores concursales, los siete millones de activo que ha presentado en la suspensión de pagos representan el total de la inversión realizada hasta ahora. Una vez en funcionamiento, la planta tenía previsto procesar hasta 3.500 toneladas de plásticos usados al año. Desde Sogama remiten al presidente de la compañía para valorar la situación actual de Tecnoambiente.

Del Moral, ex director general de Industria y vinculado ahora al sector eólico, sobre todo en As Somozas, representa en el capital de Tecnoambiente a Epifanio Campo y también a Edelmiro Añón, antiguo propietario de Hierros Añón, presentes en el accionariado de la empresa a través de la sociedad patrimonial Bergamota. "Lo que falló en este proyecto fue el I+D, simplemente eso; nos sentimos engañados, sobre todo por parte de IDOM, Ingeniería y Consultoría, la firma que estaba desarrollando el proyecto de aplicación de la tecnología", explica Del Moral. El presidente de la firma también se muestra crítico con la actuación de los representantes de Xesgalicia en Tecnoambiente: "En uno de los últimos consejos nos plantearon que, antes de asumir cualquier pago a mayores derivado de los costes procesarles del concurso tenían que pedir un informe jurídico al despacho Garrigues. ¿Y eso es lo que se entiende por capital riesgo?", inquiere Del Moral. "A la empresa no le queda otro remedio que la liquidación, nos guste o no", vaticina su presidente.

Tecnoambiente Galicia procedió en abril del año pasado a una primera ampliación de capital por importe de 1,2 millones de euros, que fue cubierta por todos sus socios, mientras que, tras el verano, y una vez comprobados los retrasos que arrastraba el proyecto y el coste económico de su desarrollo, se anunció otra, que finalmente no fue suscrita. Tras este revés, su consejo de administración acordó solicitar el concurso.