Pueblo Gitano impugna una norma local de venta ambulante
La Asociación Pueblo Gitano ha presentado un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Ponteareas (Pontevedra) por la nueva normativa que regula la venta ambulante. El presidente del colectivo, Sinaí Giménez, afirma que la orden "se hace con el objetivo de cargarse los puestos de trabajo de los gitanos cooperativistas". "De los 60 que había van a quedar cuatro", sostiene. Se trata de "una cooperativa que lleva funcionando más de 30 años gestionada por gitanos", si bien en otras localidades también hay payos integrados.
Pueblo Gitano reitera que los vendedores gitanos cumplen ...
La Asociación Pueblo Gitano ha presentado un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Ponteareas (Pontevedra) por la nueva normativa que regula la venta ambulante. El presidente del colectivo, Sinaí Giménez, afirma que la orden "se hace con el objetivo de cargarse los puestos de trabajo de los gitanos cooperativistas". "De los 60 que había van a quedar cuatro", sostiene. Se trata de "una cooperativa que lleva funcionando más de 30 años gestionada por gitanos", si bien en otras localidades también hay payos integrados.
Pueblo Gitano reitera que los vendedores gitanos cumplen "las normativas vigentes de rango superior, lo que pasa es que los ayuntamientos tienen la potestad de regular la venta ambulante". Los servicios jurídicos de la asociación estudian presentar una denuncia por la vía penal porque "se están vulnerando nuestros derechos".
"Restar competencia"
Giménez asegura que el concejal de Mercado, Andrés Sampedro (PP), "que es quien ha promovido esta normativa", es "un comerciante establecido y pretende así restar competencia y ganar votos". "Queremos que el juzgado investigue si se está aprovechando de su cargo", apuntan. Ya en el mes de abril, el alcalde de la villa, Salvador González Solla, mantuvo un encuentro con los comerciantes de la localidad y se comprometió a regular la venta ambulante y mantener un control exhaustivo sobre los puestos de venta. Giménez interpreta esta medida como una persecución contra el colectivo gitano. "No se le va a renovar el permiso a 56 personas que, curiosamente, son de etnia gitana".