Economía replica al BNG que no es el momento de cambiar la lei de caixas

Las negociaciones planteadas por el BNG para alumbrar una nueva Lei de Caixas tendrán que esperar. No sólo hará falta reeditar el bipartito en las próximas autonómicas; también será necesario el sí de la Consellería de Economía (PSdeG), cuyo titular, José Ramón Fernández Antonio, dejó claro ayer que cualquier cambio normativo no está entre sus prioridades inmediatas. "El problema es otro, no la representación política en los órganos de las cajas de ahorro", dijo.

Según Fernández Antonio, "hablar de otras cosas ahora es desenfocar el objetivo; el problema está en concentrar esfuerzos en ...

Las negociaciones planteadas por el BNG para alumbrar una nueva Lei de Caixas tendrán que esperar. No sólo hará falta reeditar el bipartito en las próximas autonómicas; también será necesario el sí de la Consellería de Economía (PSdeG), cuyo titular, José Ramón Fernández Antonio, dejó claro ayer que cualquier cambio normativo no está entre sus prioridades inmediatas. "El problema es otro, no la representación política en los órganos de las cajas de ahorro", dijo.

Según Fernández Antonio, "hablar de otras cosas ahora es desenfocar el objetivo; el problema está en concentrar esfuerzos en la búsqueda de mejoras para la financiación de las empresas". Escuetas, las advertencias públicas del titular de Economía a sus socios de gobierno tuvieron ciertas dosis de solemnidad, ya que estuvo flanqueado por los máximos responsables de las dos cajas de ahorro gallegas, José Luis Méndez, director general de Caixa Galicia, y Julio Fernández Gayoso, presidente de Caixanova, que se mantuvieron en un prudente segundo plano cuando el conselleiro abordó la propuesta del BNG.

El responsable de Economía, que se reunió con los directivos de las cajas para analizar las medidas de apoyo puestas en marcha por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y para conocer de primera mano el desarrollo de los proyectos sociales de ambas entidades, aludió precisamente a la normativa que establece el destino obligatorio del 50% de la inversión en obra social a inversiones productivas como una de las medidas implantadas por su departamento para apuntalar la implicación de Caixa Galicia y Caixanova en el tejido productivo gallego.

En este contexto enmarcó lo que entiende como una "colaboración mutua" entre la Administración autonómica y las entidades de ahorro, y señaló que "el papel de las cajas y de la Xunta es clave como catalizador" en estos momentos de incertidumbre. Fernández Antonio agradeció el "compromiso" de ambas entidades con Galicia y fue más allá al asegurar que "cuentan con un plus de solvencia y liquidez". Sobre tres pilares asentó su afirmación: la legislación bancaria española, los organismos de supervisión financieros y la propia gestión de riesgos desarrollada por ambas entidades, "que les permiten estar en una situación de plena solvencia".

El BNG inició hace algunas semanas conversaciones con directivos de ambas entidades para abordar lo que será la futura Lei de Caixas y, entre otros planteamientos, expuso la necesidad de que la representación política en sus consejos y asambleas se extienda desde los ayuntamientos y diputaciones al propio Parlamento, por entender que su actividad es, desde hace tiempo, "supralocal". Desde el PSdeG se muestran a favor de negociar un nuevo modelo que recoja cambios en la representación institucional, pero no de abordar simplemente la presencia política en los órganos de gobierno, cambios que, en cualquier caso, vinculan a una revisión a fondo de las estructuras democráticas de las cajas.

La reciente propuesta de los promotores gallegos para la incorporación de las cajas de ahorro al nuevo Observatorio de la Construcción para revisar periódicamente la situación del sector también fue bien acogida por el titular de Economía, quien repasó las nuevas líneas de ayudas del Igape centradas en tres aspectos: la refinanciación del pasivo, dotaciones para el circulante y las ampliaciones de capital para reforzar sus recursos propios. Para ello, Economía destinará una línea de ayudas de 150 millones de euros, que se desarrollarán vía avales a través de las sociedades de garantía recíproca, Afigal y Sogarpo, en cuyo capital están presentes las cajas de ahorro además de otras entidades.