El Consell ignora el agua en su propuesta para evaluar el impacto de los PAI
El Consell obvia la consulta a los organismos competentes sobre disponibilidad de recursos hídricos de programas urbanísticos en el borrador del decreto de Evaluación Ambiental Estratégica de los Instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística. Mediante este decreto la Generalitat adaptará al ámbito de Comunidad Valenciana la Directiva Europea y la ley estatal 9/2006 vigentes en la materia. El olvido de la garantía de agua en los planes urbanísticos por parte del Gobierno que preside el popular Francisco Camps ha motivado una investigación de la Comisión Europea que afecta a 129 PA...
El Consell obvia la consulta a los organismos competentes sobre disponibilidad de recursos hídricos de programas urbanísticos en el borrador del decreto de Evaluación Ambiental Estratégica de los Instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística. Mediante este decreto la Generalitat adaptará al ámbito de Comunidad Valenciana la Directiva Europea y la ley estatal 9/2006 vigentes en la materia. El olvido de la garantía de agua en los planes urbanísticos por parte del Gobierno que preside el popular Francisco Camps ha motivado una investigación de la Comisión Europea que afecta a 129 PAI aprobados sin el preceptivo informe de las confederaciones.
La propuesta de decreto que plantea el Consell ha sido rechazada por Ecologistas en Acción del País Valenciano. El grupo ha presentado alegaciones en las que se opone al documento porque no incluye en la elaboración de la memoria ambiental el contenido de las consultas a las administraciones de costas, aguas y carreteras sobre la existencia de recursos hídricos para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público marítimo-terrestre. Los ecologistas resaltan, además, la "inadecuación" del rango de la norma (decreto) para trasponer esa directiva y proponen que se regule con una Ley de Evaluación Ambiental.
Por último, creen "injustificable" la exclusión de la Evaluación Ambiental Estratégica cuando la reclasificación del suelo no urbanizable sea inferior a 40 hectáreas, siempre que se implanten usos residenciales vinculados a viviendas sociales. "Una reclasificación de suelo de 400.000 metros cuadrados tendrá un efecto previsiblemente significativo sobre el medioambiente, por lo que debería ser evaluada", precisa el texto de las alegaciones.
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