El caso Martinsa se enreda aún más
Avalancha de nuevos acreedores y recursos contra los administradores en el juzgado
Los destinos de Martinsa-Fadesa han pasado de los despachos de sus ejecutivos a la sala de vistas de un juzgado. Y de uno con pocos medios y mucho trabajo, cuyo titular, Pablo González-Carreró Fojón, ha comprobado cómo agosto se convertía en un mes de especial trasiego dentro de la tónica de inactividad propia de un periodo inhábil para la justicia. Su sustituto tuvo que resolver asuntos relacionados con la mayor suspensión de pagos de la historia de España que no podían esperar y que dejan al descubierto las estrecheces de la inmobiliaria presidida por Fernando Martín.
Así, Martinsa-Fa...
Los destinos de Martinsa-Fadesa han pasado de los despachos de sus ejecutivos a la sala de vistas de un juzgado. Y de uno con pocos medios y mucho trabajo, cuyo titular, Pablo González-Carreró Fojón, ha comprobado cómo agosto se convertía en un mes de especial trasiego dentro de la tónica de inactividad propia de un periodo inhábil para la justicia. Su sustituto tuvo que resolver asuntos relacionados con la mayor suspensión de pagos de la historia de España que no podían esperar y que dejan al descubierto las estrecheces de la inmobiliaria presidida por Fernando Martín.
Así, Martinsa-Fadesa solicitó en un escrito al titular del Juzgado Mercantil número 1 de A Coruña que frenase el abandono de sus principales promociones por parte de los subcontratistas, convencidos de lo difícil que será cobrar por su trabajo. Lo hizo después de haber reconocido ante el juez que son 215 los procesos judiciales en los que está inmersa la compañía, al margen del concurso. Y de haber admitido oficialmente que la lista de acreedores supera los 10.000 afectados, entre empresas y clientes.
La lista de acreedores crece y supera ya los 10.000 afectados
La empresa ha pedido al juez que frene la fuga de subcontratistas
Es tal el enredo judicial en torno a la suspensión de pagos, que no sólo la Asociación de Usuarios Bancarios ha recurrido el nombramiento de los administradores concursales dictado por el juez; también el Colegio de Abogados de A Coruña, en un rapto de celo, ha presentado un recurso de reposición contra la designación de Antonia Magdaleno, del bufete valenciano Broseta, por considerar que su nombramiento no responde a las normas esenciales que regulan el procedimiento dentro de la Ley Concursal. Los abogados argumentan sus razones: la letrada, profesora de Derecho Procesal y administradora de otras suspensiones como las de Llanera o Urazca, no forma parte del preceptivo listado del que suele tirar el juez para proceder al sorteo de tales nombramientos en los concursos de acreedores. En juego están seis millones de euros por cada administrador en concepto de minuta.
Los problemas crecen para la inmobiliaria al mismo ritmo que surgen asociaciones de afectados promovidas por despachos de abogados. Días después de comenzar el periodo de dos meses que tienen los administradores para emitir su informe sobre la situación patrimonial de Martinsa-Fadesa, la propia Antonia Magdaleno advierte que el proceso será largo. "Contamos con que el juez nos conceda un mes de prórroga, debido al volumen del caso, con lo que no tendremos listo el informe hasta diciembre", señala. Magdaleno tiene su particular visión sobre la crisis de la inmobiliaria: "Esto es como cuando alguien entra en la consulta del médico: nunca sabe lo que va a pasar y cómo va a salir". Así, la administradora judicial no descarta nada: que un convenio de acreedores anticipado, como desea la compañía, "logre tener el 90% de adhesiones o que, tras el trabajo de los peritos, la situación patrimonial derive en un pasivo superior a sus activos, sobre todo por la situación actual del mercado del suelo, con lo que el escenario sería de quiebra".
Seis funcionarios y un juez que reclama ayuda son los medios humanos para afrontar el proceso desde el lado de la Administración. Pablo González-Carreró Fojón, un magistrado joven, de familia de juristas y bien valorado entre el colectivo de jueces y abogados, aporta datos sobre la situación de colapso que afronta, sin que hasta ahora sepa nada del juez de apoyo prometido, tanto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como por la Consellería de Presidencia de la Xunta, área que tiene las competencias. "Para hacernos una idea, si en todo el año pasado fueron unos 25 los concursos de acreedores que tramitó el juzgado, en los seis primeros meses de este año íbamos ya por 40", lamenta, para matizar que el de la inmobiliaria debe ser tratado procesalmente como un concurso más, "no puede parar el trabajo del juzgado".
Tras admitir a trámite la suspensión de pagos y nombrar administradores judiciales, uno de los primeros pasos que dio el juez fue reclamar al equipo jurídico de la compañía el listado completo de procesos y causas abiertos contra Martinsa-Fadesa para comunicar a las instancias oportunas la nueva situación concursal. La lista fue aportada al juez en CD, según confirman los representantes legales de Martinsa-Fadesa, debido a la ingente cantidad de procedimientos abiertos contra la inmobiliaria en distintas instancias judiciales repartidas por toda España. También se incorporaron las causas en las que figura como demandante. El magistrado dio este paso debido a que la Ley Concursal establece que los procesos en marcha deben seguir su curso hasta que haya una sentencia firme. Otra cuestión bien distinta será la ejecución de esas sentencias si resultan condenatorias para Fadesa, ya que dependerá de los nuevos administradores y del propio titular del juzgado que tramita la suspensión de pagos.
Si conllevan indemnizaciones, quienes resulten beneficiarios de esas sentencias pasarán a engrosar la lista de acreedores de la compañía. El juez tiene potestad para proceder a acumular determinados asuntos si estima que "su resolución tiene trascendencia sustancial para la formación del inventario o de la lista de acreedores" de Martinsa-Fadesa. La inmobiliaria, que solamente para reclamaciones por defectos constructivos provisionó en 2007 un total de 9,5 millones, arrastra los más diversos procedimientos. Para todos los litigios, las provisiones suman 28,7 millones. En la memoria de la compañía figuran asuntos en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Económico Administrativo Central relativos a actas de inspección levantadas por la Agencia Tributaria con las que la compañía está disconforme. También, procesos civiles de reclamación interpuestos por diversas comunidades de propietarios, y que se tramitan en juzgados de A Coruña, Málaga, Las Palmas, Sabadell, Madrid y Oviedo, e incluso demandas de antiguos ejecutivos.
Para frenar la fuga de las subcontratas, la compañía presidida por Fernando Martín planteó el problema en los juzgados y también se encontró con la respuesta. En una providencia dictada por el sustituto del titular del juzgado se hacía constar a la inmobiliaria la incompetencia de los tribunales ordinarios para contener los abandonos a pesar de la situación de concurso de acreedores en la que se encuentra. Fuentes judiciales explican que, en dicha providencia, al tiempo que se le notificaba la decisión, el juez advertía de que su función no pasa de ser informativa a efectos de las empresas auxiliares, y también que los problemas en los pagos solamente afectan a los proveedores a los que Fadesa adeudara dinero antes de la presentación de la suspensión de pagos, ya que, una vez admitida a trámite, se convierten en parte de lo que se denomina la "masa activa" patrimonial y el cobro de sus deudas está garantizado.
Muchas de las subcontratas se suman al grueso de los acreedores (a la banca adeuda unos 5.500 millones de euros), y los hay de todo signo. En el juzgado consta una lista de 10.000 afectados, según reconoce la propia empresa, de los que unos 2.400 tienen domicilio en Madrid, otros 2.000 en Galicia y algo más de 800 proceden de Cataluña, las tres comunidades más afectadas.
Los acreedores apuran septiembre para comunicar al juzgado sus reclamaciones, mientras se siguen tomando decisiones. González-Carreró tiene ahora que resolver mediante un auto la competencia de su juzgado sobre la suspensión de otras seis filiales que presentaron concurso de acreedores días después de que lo hiciera Fadesa. Jafemafe, Inmobiliaria Mar Plus, Fercler, Inomar, Town Planning Consultores y Construcciones Pórtico son las sociedades que se incorporaron al concurso. Las seis firmas formaban parte de la garantía puesta por Martinsa para la obtención del crédito de 2.579 millones destinado a su oferta sobre Fadesa en 2006. El juez, de momento, ha aceptado a trámite la petición.