Editorial:

El ojo de Edvige

Delirio orwelliano o simple actualización en soporte digital de los archivos policiales, el caso es que en Francia se ha desatado una tormenta política y social por Edvige, el plan para extender los ficheros de la policía a todas las personas mayores de 13 años "susceptibles de atentar contra el orden público", así como a personalidades políticas y sindicales. Pasó sin pena ni gloria como un decreto gubernamental en junio, pero cuando trascendió levantó tal barahúnda que centenares de asociaciones, incluidas las de magistrados y la patronal, se levantaron en armas. Al menos 13 recursos han sid...

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Delirio orwelliano o simple actualización en soporte digital de los archivos policiales, el caso es que en Francia se ha desatado una tormenta política y social por Edvige, el plan para extender los ficheros de la policía a todas las personas mayores de 13 años "susceptibles de atentar contra el orden público", así como a personalidades políticas y sindicales. Pasó sin pena ni gloria como un decreto gubernamental en junio, pero cuando trascendió levantó tal barahúnda que centenares de asociaciones, incluidas las de magistrados y la patronal, se levantaron en armas. Al menos 13 recursos han sido elevados al Consejo del Estado, que es quien tiene la última palabra.

Edvige, acrónimo que responde a Explotación Documental y Valorización de la Información, le ha producido un sarpullido posvacacional a Sarkozy, ahora que el presidente empezaba a remontar su baja popularidad en las encuestas por sus mediaciones diplomáticas internacionales, hasta el extremo de que ha dado instrucciones a la ministra del Interior, Alliot-Marie, para revisar el decreto. Sarkozy sabe de lo que habla porque fue titular de ese departamento antes de llegar al Elíseo. Uno de los miembros del Gobierno, el centrista Morin, responsable de Defensa, ha criticado también la medida.

Alliot-Marie ha insinuado la posibilidad de que el nuevo fichero, que pretende ser una actualización del confeccionado en 1991, durante la presidencia de Mitterrand, por los servicios de información franceses, no incluya, como está previsto, datos relativos a la orientación sexual y a la salud de las personas. E igualmente, reconocer una especie de derecho al olvido para los menores pasado un tiempo. Sea o no revisado el decreto en cuestión, el caso de Francia ilustra el progresivo control y vigilancia del ciudadano que se respira en las sociedades democráticas, con el argumento de la seguridad pero también con grave menosprecio de las libertades.

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