El Gobierno ha desplazado en tres años a 4.200 inmigrantes
La Comunidad Valenciana ha recibido desde el año 2005 a 4.255 inmigrantes irregulares desplazados por parte del Gobierno de España, principalmente desde Canarias, según informó ayer el consejero de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco. Según los datos que maneja su departamento, los traslados correspondientes al mes de agosto han superado por primera vez el centenar, lo que supone la cifra mensual más elevada en 2008 y el doble respecto al mismo mes del ejercicio precedente. Blasco calificó el mes de agosto de "especialmente peculiar", dado que el Gobierno ha efectuado no solo los tradicion...
La Comunidad Valenciana ha recibido desde el año 2005 a 4.255 inmigrantes irregulares desplazados por parte del Gobierno de España, principalmente desde Canarias, según informó ayer el consejero de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco. Según los datos que maneja su departamento, los traslados correspondientes al mes de agosto han superado por primera vez el centenar, lo que supone la cifra mensual más elevada en 2008 y el doble respecto al mismo mes del ejercicio precedente. Blasco calificó el mes de agosto de "especialmente peculiar", dado que el Gobierno ha efectuado no solo los tradicionales traslados desde Canarias, sino también desde Tarifa, donde llegaron 35 magrebíes.
En ese sentido, aseguró que los inmigrantes irregulares derivados a la Comunidad Valenciana por parte del Gobierno de España durante 2007 superaron los 1.100, mientras que en el presente ejercicio la cifra asciende a 487, procedentes de Canarias, Ceuta, Melilla y Tarifa. Según resaltó, la cifra de agosto, que supera los 83 traslados del mes de julio, supone que uno de cada cinco inmigrantes en situación irregular trasladados este año por parte del Gobierno de España ha sido atendido durante este mes. El consejero contrastó sus datos con las afirmaciones del Gobierno, que asegura que el número de llegadas de pateras ha descendido más de un 9% en lo que va de año. Fiel a su línea de crítica, defendió que la Generalitat está invirtiendo más de 1.346 millones en políticas de atención a los inmigrantes y de integración, y denunció que este esfuerzo económico por parte de la Generalitat "no se ve compensado" por el Gobierno central. El consejero pidió la colaboración de todos los poderes públicos para evitar "estas situaciones inhumanas no cesan".
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