Asaltadores de despachos

Los mandos políticos de la Comunidad de Madrid son incapaces de aclarar un episodio tan vergonzoso como inquietante. Resulta que el despacho del director adjunto de seguridad del Campus de Justicia, Juan Carlos Fernández, fue, según testigos, registrado, clausurado y expoliado -los registradores se llevaron un ordenador portátil- por instigación directa del director de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón. Paréntesis sobre banderías y misérrimas revanchas políticas: Fernández es un cargo nombrado por Alfredo Prada, destituido de la Consejería de Justicia de Madrid en cuanto...

Los mandos políticos de la Comunidad de Madrid son incapaces de aclarar un episodio tan vergonzoso como inquietante. Resulta que el despacho del director adjunto de seguridad del Campus de Justicia, Juan Carlos Fernández, fue, según testigos, registrado, clausurado y expoliado -los registradores se llevaron un ordenador portátil- por instigación directa del director de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón. Paréntesis sobre banderías y misérrimas revanchas políticas: Fernández es un cargo nombrado por Alfredo Prada, destituido de la Consejería de Justicia de Madrid en cuanto la presidenta, Esperanza Aguirre, se enteró de que había aceptado ser miembro del Comité Ejecutivo del PP a propuesta de Rajoy; Gamón, el presunto "asaltador", es hombre de confianza de Francisco Granados, nuevo consejero de Justicia y persona de confianza de Aguirre. Mendocinos y Oñacinos, Lancaster y York, dirimen sus rencores en despacho de Madrid. Buen argumento para un auto sacramental.

Un teórico de las conspiraciones explicaría el caso con la hipótesis de que los registradores buscaban algún documento comprometedor que, una vez confirmado el paso de Prada al bando de Rajoy, se convertiría en arma política peligrosa. Pero una explicación de ese tenor quizá sería una simple neurosis. Granados ha concedido que tiene la intención de "prescindir" de Gamón, como si entrar en un despacho sin autorización judicial no fuese un acto abominable que requiere la destitución inmediata del autor. En cuanto a Esperanza Aguirre, ha pedido disculpas. Entenderá que ha quedado bien y que el enojoso asunto está cerrado.

Pero no es así, porque ni Aguirre ni Granados han sido capaces de establecer los hechos. Los testigos dicen que el despacho fue abierto en busca de documentos; Gamón asegura que no entró en despacho alguno y que investigó "la seguridad en la Ciudad de la Justicia" por cuenta de su superior; Granados niega haber cursado orden alguna y dice desconocer el caso. La única luz que puede hacerse en este pandemónium vendría de destituir ipso facto a Gamón y a su jefe político. Pero es improbable que esa luz se encienda.