De la Torre reabre la pelea con Fomento por un terreno

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha reabierto la pelea que mantiene con el Estado por la propiedad del Campamento Benítez, una finca de 28 hectáreas que el Ayuntamiento donó en 1924 al Ministerio de la Guerra con la promesa de que volvería a ser propiedad municipal una vez quedara desafectada de uso militar, lo que ocurrió en 1990.

El regidor malagueño realizó ayer, de forma casi secreta, una propuesta urgente a la Junta de Gobierno local para el "inicio de nuevas acciones judiciales para la recuperación del Campamento Benítez", una aspiración que De la Torre ha manten...

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha reabierto la pelea que mantiene con el Estado por la propiedad del Campamento Benítez, una finca de 28 hectáreas que el Ayuntamiento donó en 1924 al Ministerio de la Guerra con la promesa de que volvería a ser propiedad municipal una vez quedara desafectada de uso militar, lo que ocurrió en 1990.

El regidor malagueño realizó ayer, de forma casi secreta, una propuesta urgente a la Junta de Gobierno local para el "inicio de nuevas acciones judiciales para la recuperación del Campamento Benítez", una aspiración que De la Torre ha mantenido durmiente en los últimos meses.

En 2005, mientras el alcalde reclamaba la propiedad municipal del suelo, Defensa cedió los terrenos a Fomento. La titular de este departamento, Magdalena Álvarez, planea construir en ellos el Museo del Transporte y la Obra Pública y un gran parque. Fomento adjudicó en julio de 2007 el proyecto del centro expositivo a la arquitecta catalana Carme Pinós.

El nuevo movimiento judicial del regidor se basa en un presunto silencio administrativo del Estado ante el requerimiento municipal de que se devolviera la finca en 2004. La acción llega en un momento en que el Ayuntamiento atraviesa estrecheces económicas, y la incorporación de los terrenos al patrimonio municipal podría suponerle un desahogo, tanto mediante la subasta de la finca como por la posibilidad de servir de garantía para futuras deudas. En 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía suspendió la subasta que pretendía realizar Defensa con un precio de salida de 10 millones de euros.