Ni democracia ni eficacia
Con motivo de los 25 años de los poderes locales democráticos, la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó un documento que tituló Carta de Vitoria, con la pretensión de dar a conocer el llamado "decálogo del municipalismo" del siglo XXI. En función de esta especie de mandamientos, los alcaldes reclamaban un lugar relevante en la arquitectura institucional del Estado de las Autonomías. No les falta razón, y no sólo basándose en la tradición municipalista, que vio nacer al ciudadano frente al súbdito, sino también por la relativa ligereza con la que el legislador antepuso -y...
Con motivo de los 25 años de los poderes locales democráticos, la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó un documento que tituló Carta de Vitoria, con la pretensión de dar a conocer el llamado "decálogo del municipalismo" del siglo XXI. En función de esta especie de mandamientos, los alcaldes reclamaban un lugar relevante en la arquitectura institucional del Estado de las Autonomías. No les falta razón, y no sólo basándose en la tradición municipalista, que vio nacer al ciudadano frente al súbdito, sino también por la relativa ligereza con la que el legislador antepuso -y continúa haciéndolo- el poder autonómico al local.
Claro que se ha de convenir en que necesitan más competencias y medios para prestarlas. Cierto que desde los ayuntamientos puede ser invocado el principio de subsidiariedad, aun aceptando la extraordinaria elasticidad semántica del concepto. Por supuesto que el municipio es el rompiente de muchas oleadas de carencias humanas cuya satisfacción no es posible rehusar. Pero seamos serios: ¿Cuántos concellos están capacitados para hacer frente a las demandas ciudadanas? ¿Cuántos en el mundo rural, cuántos en el mundo urbano? Unos por su declive demográfico, otros por sus disfuncionalidades, con límites administrativos ampliamente rebasados por los problemas de la ciudad real, no tienen condiciones.
El habitante del municipio rural no tiene posibilidad real de obtener bienes y servicios adecuados
El cuadro resulta tan evidente, tan plástico, tan expresivo, que la circunspección y la flema de las autoridades supuestamente competentes no produce más que resignada pesadumbre. Y digo resignada por calificar de forma benévola la actitud indolente de quien, sabiendo los remedios, muestra flojera por intuir los inevitables obstáculos a los que tendría que enfrentarse.
El ciudadano puede ser contemplado como algo abstracto, definido por sus derechos civiles y por su pertenencia a la comunidad política. Luego está el ciudadano concreto, situado en un lugar. Aquél reivindica su legitimidad y éste tiene vocación de eficacia. El paso del tiempo, sin embargo, está reclamando que la escala democrática se superponga sobre la eficaz, abandonando la apariencia formal del ejercicio de los derechos. Ni el habitante del municipio rural, anémico financieramente, tiene ninguna posibilidad real de obtener bienes y servicios adecuados, ni el residente en la ciudad -restringido a una jurisdicción territorial excedida por las necesidades objetivas y supralocales- es capaz, con su voto, de decidir sobre asuntos que tienen una dimensión más amplia que la de su ayuntamiento.
Hay, pues, una dialéctica entre democracia política y eficacia económica que se alimenta del fraccionamiento municipal. En el estado actual de la discusión sobre el papel de las Diputaciones, admitamos que juegan su papel más genuino en el auxilio o complemento de los entes locales pequeños o medianos.
Pero en el ámbito urbano las cosas necesitan alguna descarga política que inicie la etapa de la persuasión. No llegará Gargantúa, no serán áreas metropolitanas -"vade retro"-, pero habrá que agitar la vasija. La fusión es traumática y arrastra elevados costes de negociación. Pues optemos por la intermunicipalidad, manteniendo un escalón de inmediatez para algunas cosas que se pueden resolver bien en un primer grado.
Démosle a los ayuntamientos un buen servicio supralocal a la hora de apagar un incendio, o de recoger y tratar residuos, o de fomentar la economía. Hagámosles mayores de edad para poder negociar con más fundamento con las otras administraciones. Facultémos a los municipios para que puedan planificar urbanismo y transporte con capacidad operativa. No les condenemos a una realidad jurídica absolutamente incompatible con los hechos, que no saben de lindes decimonónicas.
En ausencia de decisiones valientes, que se pueden arropar por mil y un estudios y experiencias comparadas, la vida municipal continuará languideciendo, entre la hidalguía del que fue y la duda del que no sabe si quiere llegar a ser. Todo el mundo conoce en quién reside la obligación moral de empujar el carro. Quizá no esta generación, pero seguro que las futuras les sacarán los colores, aunque sólo sea a su memoria.