Un "año de desgobierno" que cumple el programa

Los 366 días que ayer se cumplieron de la segunda victoria de Esperanza Aguirre (PP) en unas elecciones autonómicas han supuesto "un año de desgobierno" -por el abuso de la mayoría absoluta, el conflicto permanente con el Gobierno central y los problemas internos del PP- y de "avance en el desmantelamiento de los servicios públicos", en palabras de las portavoces de la oposición, Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE). Una visión opuesta a la del PP, cuyo portavoz, Antonio Beteta, consideró ayer que ha habido "un alto grado de cumplimiento del programa electoral".

Las tres visiones so...

Los 366 días que ayer se cumplieron de la segunda victoria de Esperanza Aguirre (PP) en unas elecciones autonómicas han supuesto "un año de desgobierno" -por el abuso de la mayoría absoluta, el conflicto permanente con el Gobierno central y los problemas internos del PP- y de "avance en el desmantelamiento de los servicios públicos", en palabras de las portavoces de la oposición, Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE). Una visión opuesta a la del PP, cuyo portavoz, Antonio Beteta, consideró ayer que ha habido "un alto grado de cumplimiento del programa electoral".

Las tres visiones son complementarias: es cierto lo que critica la oposición, si bien era lo prometido por Aguirre en campaña, en línea continuista con el mandato anterior. En lo que no cumple la presidenta es en la "mano tendida" que ofreció en su investidura.

No habían pasado ni dos meses de la victoria del PP en las urnas cuando anunció la primera ley de la legislatura. Por la vía de urgencia, sin discusión en comisión, aprobó su primer texto legal, que en apenas 17 páginas modificaba a la vez ocho leyes regionales, algunas tan importantes como la Ley del Suelo.

Desde entonces, Aguirre ha llevado a la Asamblea -donde la mayoría absoluta de sus 67 diputados le permite hacer y deshacer- otros dos textos legales ya aprobados, la Ley de Creación del Consejo Consultivo y la Ley de Garantía del Suministro Eléctrico, y un tercero en tramitación, la Ley de Modernización de Horarios Comerciales. Estas cuatro normas (más la de Presupuestos Generales y la de Acompañamiento) han modificado en apenas 12 meses aspectos muy importantes de la vida de la región:

- No al quinto piso. En los nuevos barrios (no afecta a la capital ni a los municipios con planeamiento en vigor) ya no podrán levantarse edificios de más de cuatro pisos (incluido el ático). Esto cambiará la fisonomía de la región a largo plazo: los edificios ocuparán amplias extensiones de terreno, en lugar de elevarse al cielo.

- Guerra con los agentes forestales. La reforma del artículo 9 de la Ley de los Agentes Forestales ha provocado una de las polémicas más agrias del último año. Con ella, Aguirre se enfrentó a los propios agentes, a la oposición y al Ministerio de Medio Ambiente, al imponer a los agentes la obligación de contar con autorización judicial para realizar sus labores en terrenos privados. Ahora el artículo está suspendido por el Tribunal Constitucional, en tanto estudia la cuestión de competencia presentada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

- Cerco a las pintadas. Los grafiteros incontrolados se han convertido en enemigos públicos. La pintada en la calle está perseguida desde julio pasado y acarrea entre 300 y 6.000 euros de multa, aunque los municipios pueden destinar espacios para esta práctica callejera.

- Responsables por apagón. La nueva Ley de Garantía del Suministro Eléctrico multiplica por 10 las multas a las empresas, con sanciones de hasta 30 millones de euros, en caso de apagón. Tienen un plazo de entre tres y seis horas para arreglar cualquier avería en el servicio.

- De tiendas todo el día. El comercio se encamina a la libertad de horarios. Primero fueron los domingos; de acuerdo con la patronal madrileña, el Gobierno de Aguirre amplió a 22 el tope de domingos que los comercios pueden permanecer abiertos (el máximo fijado por una comunidad autónoma). Luego abrió la manga para el entorno de la Puerta del Sol, que puede abrir todos. Y hace un mes presentó una ley que permitirá que las tiendas abran de lunes a sábado sin límite de horario. En contra tiene a sindicatos y pequeñas empresas, lo que no impedirá que entre en vigor en junio.