El 'número dos' de la trama de Coslada extorsionaba de uniforme a meretrices

El número dos de la supuesta trama de corrupción en la Policía Local de Coslada (83.200 habitantes), Carlos M. G., se dedicaba a extorsionar junto con un grupo de tres rumanos a mujeres que ejercían la prostitución en un polígono industrial de Vicálvaro. De uniforme y armado con su pistola reglamentaria, el agente extorsionaba a las meretrices y a sus proxenetas si se negaban a pagar a los rumanos entre 150 y 200 euros semanales por instalarse en la vía pública, según fuentes de la investigación. La policía trata de averiguar además si el agente recibía como compensación favores sexuale...

El número dos de la supuesta trama de corrupción en la Policía Local de Coslada (83.200 habitantes), Carlos M. G., se dedicaba a extorsionar junto con un grupo de tres rumanos a mujeres que ejercían la prostitución en un polígono industrial de Vicálvaro. De uniforme y armado con su pistola reglamentaria, el agente extorsionaba a las meretrices y a sus proxenetas si se negaban a pagar a los rumanos entre 150 y 200 euros semanales por instalarse en la vía pública, según fuentes de la investigación. La policía trata de averiguar además si el agente recibía como compensación favores sexuales de las mujeres.

Siete prostitutas, que son testigos protegidos en el caso de supuesta corrupción policial en Coslada, participaron ayer en una rueda de reconocimiento en la que estuvieron Carlos M. G.; el supuesto número tres de la organización, Adrián J., y otro agente, Antonio C. C. Fuentes judiciales explicaron que el supuesto número dos de la trama fue reconocido por algunas meretrices, supuestamente cuatro, porque iba con el coche patrulla a Vicálvaro a ejercer las extorsiones.

Carlos M. G. es el imputado con mayor número de delitos. Está acusado de asociación ilícita, incitación a la prostitución, abusos sexuales, contra la integridad moral, lesiones, sustracción y apropiación indebida de efectos, drogas y dinero, prevaricación (anulación de multas), estafa y un delito contra la administración de justicia (manipulación de partes y actas).

La investigación ha revelado que Carlos M. G. había contactado con un rumano, de nombre Catalin. Éste trabajaba a su vez con dos hermanos, Francis y Ionut G., también de nacionalidad rumana. Los tres se dedicaban a extorsionar a las prostitutas y a los proxenetas. Se habían adueñado del polígono industrial de Vicálvaro y obligaban a un pago semanal para que las mujeres pudieran trabajar en él. Alquilaban las esquinas de las calles principales, de forma que nadie podía permanecer allí si no les pagaban 150 o 200 euros semanales, según fuentes de la investigación. Los dos hermanos eran los que se dedicaban a cobrar, supuestamente, cuando no estaba Catalin.

Carlos M. G. sólo entraba en escena cuando Catalin no era capaz de cobrar a las prostitutas de Vicálvaro. Entonces, él o alguno de sus compinches avisaban al policía local, que se trasladaba al polígono en coche patrulla y de uniforme.La distancia que separa Coslada con el polígono de Vicálvaro no supera los tres kilómetros por una carretera recta. Según fuentes de la investigación, Carlos M. G. se imponía y obligaba a las mujeres a pagar, con lo que daba cobertura a los tres rumanos. Además, las obligaba a acostarse con él sin pagarles por ello, según fuentes de la investigación. La policía trata de averiguar si recibía parte del dinero que recaudaba para Catalin o si se conformaba con cobrar en sexo.

Parte de las prostitutas (de nacionalidad rumana) que supuestamente fueron extorsionadas por Carlos M. G. pasaron ayer por los juzgados de plaza de Castilla en su calidad de testigos protegidos. Varias le reconocieron sin dudas como el policía que las obligaba a pagar. "Le han reconocido y eso que era bastante difícil. Ha cambiado mucho de aspecto. No parece el mismo que cuando iba al polígono", señalaron fuentes judiciales. Los padres de Carlos M. G. también acudieron a los juzgados y defendieron la inocencia de su hijo: "Antes o después se sabrá que mi hijo no ha hecho nada. Lleva 14 años en el cuerpo y nunca ha tenido ni un expediente", afirmaron.

El abogado del número tres de la trama, Adrián J. P., aseguró que sólo una de las siete testigos protegidas le reconoció. Se trata de una mujer que trabajaba en el club Oasis de Coslada. Según el letrado, la mujer mantuvo que Adrián había ido en alguna ocasión al local y que le conocía de tomar copas. "Esto reduce mucho la supuesta participación de mi cliente en esa red de extorsión que dicen que hay en la Policía Local de Coslada. A la vista de estos hechos, la semana próxima pediré la libertad de Adrián", concluyó el abogado Santos Rozalén. Su defendido está acusado de asociación ilícita e incitación a la prostitución.

El tercer policía que participó en la rueda de reconocimiento, Antonio C. C., no fue reconocido por ninguna mujer, según fuentes judiciales. Supuestamente, se trata de uno de los policías pertenecientes a El Bloque, un grupo de agentes que actuaba a las órdenes del jefe de los agentes de Coslada, Ginés Jiménez.

Catalin y sus dos compinches también fueron sometidos a la rueda de reconocimiento. Según fuentes de la investigación, fueron identificados por las mujeres. Los tres se encuentran en prisión acusados de incitación a la prostitución, entre otros delitos.

Las testigos protegidas declararon ante el titular del Juzgado de Instrucción 21, Eduardo Cruz Torres. Fueron escoltadas por policías de paisano. Entraron con las caras cubiertas con gafas de sol, pasamontañas y con pelucas para no ser reconocidas. Fuentes de la investigación aseguraron que las mujeres hacen su vida normalmente y que no están en un lugar vigilado.

El juez que instruye la causa levantó ayer por la mañana el secreto del sumario, que consta ya de ocho tomos (unos 1.200 folios), según informaron fuentes judiciales. Está previsto que se notifique a las partes hasta mediados de la semana próxima. Funcionarios del Juzgado número 21 se dedicaron ayer por la mañana a tapar todos los datos que permitan identificar a las testigos protegidas.

El magistrado que instruye la causa también ha dado luz verde para que los ordenadores decomisados en los registros puedan ser analizados.

La llamada Operación Bloque se inició el pasado 8 de mayo y supuso la detención de 26 policías locales de Coslada, de los que 13 están en prisión acusados de numerosos delitos.