Valencia aplicará a los inmigrantes un contrato sin efecto alguno
Cataluña impondrá por ley topes de extranjeros en las escuelas
El Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana resucitó ayer el polémico contrato de integración de inmigrantes que Mariano Rajoy expuso en la campaña electoral para hacer que los extranjeros se comprometieran a respetar las costumbres a cambio de gozar de los mismos derechos que los españoles.
El Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana resucitó ayer el polémico contrato de integración de inmigrantes que Mariano Rajoy expuso en la campaña electoral para hacer que los extranjeros se comprometieran a respetar las costumbres a cambio de gozar de los mismos derechos que los españoles. El ...
El Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana resucitó ayer el polémico contrato de integración de inmigrantes que Mariano Rajoy expuso en la campaña electoral para hacer que los extranjeros se comprometieran a respetar las costumbres a cambio de gozar de los mismos derechos que los españoles.
El Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana resucitó ayer el polémico contrato de integración de inmigrantes que Mariano Rajoy expuso en la campaña electoral para hacer que los extranjeros se comprometieran a respetar las costumbres a cambio de gozar de los mismos derechos que los españoles. El consejero de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, anunció que, de acuerdo con la futura ley, "los inmigrantes deberán asumir nuestro modelo de convivencia y nuestra escala de valores".
Un portavoz del Gobierno valenciano aclaró que los extranjeros que rechacen el compromiso no verán recortada ninguna prestación social. Por tanto, no tendrá efectos. La ley recogerá medidas específicas en sanidad, educación o vivienda. El Gobierno central ya aprobó en 2007 un plan de integración que establece las medidas específicas de la anunciada ley valenciana.
De otro lado, el Gobierno catalán pondrá topes a la concentración de inmigrantes en los centros educativos por zonas geográficas, según el anteproyecto de Ley de Educación. Con la medida se pretende evitar que algunos centros se conviertan en guetos. En la actualidad, el 11% de la población escolar de la comunidad es de otros países y hay centros que concentran el 80% de alumnos extranjeros.
Páginas 17 y 39
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