El administrador judicial de Druckguss estudia a cinco empresas participadas
La decisión de embargar 10 millones a su propietario podría afectarles
Los administradores judiciales de Druckguss Ibérica estudian a cinco empresas participadas, en algunos casos al 100%, por el accionista principal de la primera, José Antonio Iturrioz, por si fueran susceptibles de embargo.
La sociedad que se dedica a la automoción, ubicada en el polígono de Igorre, echó la persiana el pasado día 2 de octubre en plena huelga legal de 30 de sus 50 trabajadores. El 27 de diciembre la firma solicitó concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos). El juez estudia el posible embargo de bienes, cuentas y activos de José Antonio Iturrioz como accionist...
Los administradores judiciales de Druckguss Ibérica estudian a cinco empresas participadas, en algunos casos al 100%, por el accionista principal de la primera, José Antonio Iturrioz, por si fueran susceptibles de embargo.
Druckguss citó como uno de sus objetivos afianzar la planta de Rumanía
La sociedad que se dedica a la automoción, ubicada en el polígono de Igorre, echó la persiana el pasado día 2 de octubre en plena huelga legal de 30 de sus 50 trabajadores. El 27 de diciembre la firma solicitó concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos). El juez estudia el posible embargo de bienes, cuentas y activos de José Antonio Iturrioz como accionista principal, de su yerno Víctor Furundarena, así como de la esposa y los tres hijos del primero, por valor de 10 millones.
Las sociedades bajo estudio son, según fuentes judiciales, Coibeal S.L., Bantzola, Algiseerei Zubiaur S.L., Ibermanagement Transilvania S.R.L, Turnatorie Ibérica S.R.L. y Construcciones San Mamés. Aunque todavía el juez no ha hecho público si da luz verde a los embargos, los administradores concursales estudian si esas empresas son susceptibles de embargar en caso de que los bienes del accionista principal no llegaran a cubrir los 10 millones de euros.
Contra toda ley
El cierre de Druckguss contravino toda la legislación laboral, a entender no sólo del Gobierno vasco, sino de la propia Inspección de Trabajo. Apenas siete días después del cierre, el Ejecutivo lo calificó de ilegal y ordenó la reapertura inmediata del centro. Como la empresa hacía caso omiso, el 24 de octubre, la Inspección de Trabajo remitió a la Fiscalía su informe por si incurría en un "ilícito penal". La Inspección de Trabajo criticó con dureza que la dirección de Druckguss sacara material de la fábrica de Igorre durante la huelga. Material que en parte fue a parar a una planta levantada en Rumanía.
El 3 de marzo de 2007 se firmó ante notario la concesión por parte de Druckguss a Ibermanagement Transilvania SRL de un préstamo participativo de 5.733.375,46 euros. Apenas un mes después la misma empresa de Igorre firmó la concesión de un préstamo participativo de 1.755.222,72 euros a Turnatorie Iberica SRL.
Otra prueba de la dominación que Druckguss Ibérica ejerce sobre estas dos sociedades, es que tienen un mismo domicilio social en Rumanía, provincia de Bihor, en la localidad de Oradea, calle Uzinelor numero 8, oficina 1 y 2. Pero además la propia sociedad dominante aporta pruebas de ese hecho en el informe de gestión de los años 2005 y 2006. En ese informe cita que "dentro de los objetivos estratégicos de Druckguss para 2006 figura la del afianzamiento de la planta de Rumanía, que tiene como misión el ser competitivos en los productos de bajo margen unitario".
El cierre de Druckguss Ibérica se produjo mientras los trabajadores se encontraban de huelga en demanda de una actualización del salario que no se producía desde 2003.
Los huelguistas pasaron cerca de tres meses, incluidas las navidades, en una construcción de madera, cartón y plásticos que levantaron junto a las instalaciones de la compañía.
La última nómina que cobraron fue la de agosto de 2007. Sus salarios medios ascendían a unos mil euros mensuales y no habían actualizado el IPC desde 2004. Entre sus demandas había subidas del 3,6% y del 3,2% para los años 2005 y 2006, y un incremento lineal de 1.200 euros para 2007.
Los trabajadores denunciaron que la empresa sacó en camiones la mayor parte de los medios de producción. Los operarios se encontraban de huelga en la chabola, en setiembre y octubre, cuando varios camiones evacuaron el material.