El PP abre el frente de la Justicia contra Zapatero
El PP añade un nuevo enfrentamiento con el Gobierno central a los que ya mantiene con el agua y las infraestructuras: el de la justicia y la seguridad. Francisco Camps, presidente del Consell, se pone a la cabeza de esta nueva campaña. Así se desprende de las manifestaciones que ayer hicieron dos de sus consejeros, Fernando de Rosa, de Justicia, y Serafín Castellano, de Gobernación, y el portavoz de su partido en las Cortes, Ricardo Costa.
Los datos recogidos en la memoria judicial, las manifestaciones realizadas por distintas instancias judiciales, como los jueces de Lo Penal de Valenc...
El PP añade un nuevo enfrentamiento con el Gobierno central a los que ya mantiene con el agua y las infraestructuras: el de la justicia y la seguridad. Francisco Camps, presidente del Consell, se pone a la cabeza de esta nueva campaña. Así se desprende de las manifestaciones que ayer hicieron dos de sus consejeros, Fernando de Rosa, de Justicia, y Serafín Castellano, de Gobernación, y el portavoz de su partido en las Cortes, Ricardo Costa.
Los datos recogidos en la memoria judicial, las manifestaciones realizadas por distintas instancias judiciales, como los jueces de Lo Penal de Valencia y la ausencia de publicidad del balance de delincuencia del pasado año han servido en bandeja un argumento más para tensar las relaciones entre el Gobierno autonómico del PP y el Ejecutivo de España.
A esos elementos se suma el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en situación de interinidad desde hace más de año y medio por el bloqueo de los populares. El éxito de ese proceso el PP lo quiere ahora vincular a un compromiso concreto con "la modernización de la Justicia", dijeron ayer tanto De Rosa como Costa, reproduciendo, precisaron, las argumentaciones de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáez de Santamaría. De tal forma, que pretenden que Zapatero se comprometa a la creación de un sistema único informático para todo el país que permita a cualquier oficina judicial y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acceder a datos sobre cualquier condenado (sistema que reclaman jueces y fiscales desde hace años); la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en los términos que conceda a las autonomías competencias para la creación de juzgados dónde y cuándo quiera; así como modificaciones legislativas tan profundas como rebajar la edad penal de los menores de 14 a 12 años.
Antoni Bernabé, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, rechazó los envites y respondió con datos, aunque el PP los cuestiona: "Para que los ciudadanos puedan disfrutar con todas las garantías de sus derechos ya hemos realizado un importante incremento de plazas judiciales que se ha traducido en la creación de 53 nuevas unidades entre el 2004 y el 2007". Y a ello agregó la puesta en funcionamiento de 39 juzgados especializados en violencia contra la mujer, 12 exclusivos.
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