Gestoras opta por el victimismo

El juicio contra los 27 dirigentes de Gestoras pro Amnistía -el presunto aparato de makos (prisiones) de ETA- que se inició ayer en las dependencias de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo demostró una vez más que la izquierda abertzale diseña su estrategia para obtener la mayor repercusión pública. Esta vez no optaron por enfrentarse al tribunal (como en el macrojuicio contra Jarrai, Haika y Segi) ni por intentar anular el juicio (como en el caso Ekin). Esta vez los 27 procesados se negaron a responder al fiscal, Carlos Bautista, y a los letrados de la Asociación de ...

El juicio contra los 27 dirigentes de Gestoras pro Amnistía -el presunto aparato de makos (prisiones) de ETA- que se inició ayer en las dependencias de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo demostró una vez más que la izquierda abertzale diseña su estrategia para obtener la mayor repercusión pública. Esta vez no optaron por enfrentarse al tribunal (como en el macrojuicio contra Jarrai, Haika y Segi) ni por intentar anular el juicio (como en el caso Ekin). Esta vez los 27 procesados se negaron a responder al fiscal, Carlos Bautista, y a los letrados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pero todos ellos afirmaron que actuaron por solidaridad y para denunciar la represión que, en su opinión, padece Euskadi, las presuntas torturas contra los presos de ETA y la política penitenciaria de dispersión.

De esa forma, al no contestar las preguntas incriminatorias ni incómodas que formularon el fiscal y la acusación, las respuestas a las cuestiones de sus letrados se convirtieron en un tremendo altavoz propagandístico de sus posturas políticas. La escenificación fue modélica. El principal encausado, el máximo responsable de Gestoras, Juan Mari Olano, exponía las líneas generales y el resto, matizaba. Así, Olano se mostró convencido de que la sentencia está escrita. "Este tribunal me va a condenar, pero no me va a juzgar", dijo. José María Olabarrieta precisó: "A un vasco no le puede juzgar un tribunal extranjero, le puede condenar, pero juzgar, jamás". Y Julen Arzuaga matizó: "No se trata de justicia, sino de venganza".

Todos ellos admitieron ser miembros de Gestoras Pro Amnistía o su sucesora, Askatasuna, y renunciaron a que sus letrados realizaran una defensa jurídica porque, según dijeron, no reconocían al tribunal. Y lo cierto es que estos 27 procesados, para cada uno de los cuales el fiscal pide 10 años de prisión tenían materia de la que defenderse. Pero, convencidos de que las pruebas les condenan, han decidido abreviar el juicio. Ayer renunciaron a 200 testigos (sólo se quedan con 20), muchos de ellos muy mediáticos, que hubieran dilatado el juicio hasta finales de julio.

El fiscal afirma en sus conclusiones provisionales que en la causa existen pruebas que demuestran que Gestoras constituye una estructura dentro de ETA y que, entre otras funciones, controla el colectivo de presos de ETA, eliminando la disidencia (al asegurar el sometimiento a la disciplina orgánica de ETA de los presos) y ejerciendo de enlace entre los presos y la dirección de la banda. A ese respecto, el fiscal agrega que "aquellos militantes que se han atrevido a rechazar el sometimiento estricto a su disciplina, manteniendo posturas críticas, por suaves que hayan sido, han sido asesinados, en algunos casos, o amenazados con serlo y hostigados a través de las 'formas de lucha' complementarias, en otros". A nada de esto contestaron los jefes de Gestoras.

Se dedicaron a la crítica y el victimismo. Entre las durísimas críticas que los acusados realizaron no se libró la Audiencia Nacional, de la que se dijo que es una herramienta más de la represión, con el castigo decidido. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, no cortó ninguna de las manifestaciones de los acusados, aunque en muchas ocasiones no tenían relación con una supuesta línea de defensa sobre los hechos de los que les acusan. Únicamente, al final de la sesión, firme se dirigió a los acusados y dijo: "Aquí no se está juzgando a la Audiencia Nacional. No juzgamos ideologías sino actividades delictivas. Aunque piensen que el tribunal es una farsa, se dictará la sentencia correspondiente".

Ya han conseguido la atención de los medios, pero habría sido muy difícil mantenerla tres meses. Además, la mera asistencia al juicio supone continuos desplazamientos desde el País Vasco, hoteles y comidas en Madrid para los 27 acusados y sus cinco abogados. Mucho dinero. Y las finanzas están muy mermadas tras los bloqueos de las cuentas de ANV y PCTV.