Quintana propone "poblados de transición" para atajar el chabolismo

Un "paso al frente". En estos términos definió ayer el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, la decisión de su departamento de proponer a los ayuntamientos gallegos con problemas de chabolismo y de marginación social de personas de etnia gitana la puesta en marcha de un plan de integración en tres fases.

La primera consistiría en construir "poblados de transición" allí donde ya existen asentamientos chabolistas, en los que viven, según los datos de la Xunta, unas 3.000 personas (aproximadamente la tercera parte de los gitanos de Galicia). Se trataría, explicó en el pleno del Parlam...

Un "paso al frente". En estos términos definió ayer el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, la decisión de su departamento de proponer a los ayuntamientos gallegos con problemas de chabolismo y de marginación social de personas de etnia gitana la puesta en marcha de un plan de integración en tres fases.

La primera consistiría en construir "poblados de transición" allí donde ya existen asentamientos chabolistas, en los que viven, según los datos de la Xunta, unas 3.000 personas (aproximadamente la tercera parte de los gitanos de Galicia). Se trataría, explicó en el pleno del Parlamento, de evitar la consolidación de guetos y de poner en marcha escenarios a partir de los cuales facilitar la integración. Dentro de cada poblado se instalaría una unidad policial permanente destinada "no a criminalizar" a los habitantes del poblado si no a garantizar su seguridad y proteger la puesta en marcha de los programas de integración.

En segundo lugar, la Vicepresidencia de Igualdade e Benestar planea desarrollar programas individuales de integración para aquellas personas que demuestren voluntad de querer salir de la marginación y de los que quedarían excluidos aquellos chabolistas contrarios "al orden cívico" y al cumplimiento de las leyes.

La última fase, explicó Quintana, pasaría por la participación y aceptación social, un objetivo para el que es imprescindible contar con la participación de los vecinos, que deben conocer los "itinerarios de integración" que se van a poner en marcha. Por eso quiere convencer a los ayuntamientos afectados para crear comisiones permanentes con participación de la Xunta, de la Delegación del Gobierno y de representantes vecinales.

Quintana, que calificó de "modélico" el enfoque del problema adoptado por el Ayuntamiento de A Coruña, negó que en esta ciudad esté previsto ningún realojo y se mostró de acuerdo con la decisión de las familias de O Vao (Poio) de abandonar las viviendas que les habían sido adjudicadas. "Estamos ante un problema complejo", subrayó el vicepresidente, "para el que no hay soluciones mágicas". La Xunta, recordó, no tiene competencias para realojar a nadie, porque es una función que corresponde a los municipios, por está comprometida en buscar una solución poniendo en marcha "nuevos itinerarios de integración".

Las propuestas de Quintana no impidieron a la portavoz del PP, Susana López Abella, acusar de negligencia a la Xunta por no haber tomado medidas que resuelvan el problema. Sus homólogas de PSdeG y BNG, Margarita Pérez Herráiz y Carme da Silva, respectivamente, coincidieron en acusar al PP de estar detrás de la agitación vecinal contra los realojos. Un problema del que "nunca se ocuparon en el pasado" y al que acuden como "bomberos" después de "echar leña al fuego", lamentaron.

Quintana se defendió de las críticas del PP afirmando que su departamento ha demostrado "una sensibilidad sin precedentes" hacia el colectivo gitano con un aumento considerable de las medidas destinadas a la inclusión social.

Llamamiento al diálogo

Diálogo es la receta que propugna el delegado del Gobierno en Galicia, Manuel Ameijeiras, ante la escalada de movilizaciones vecinales contra realojos en sus barrios de chabolistas de etnia gitana. "No es bueno en este importante problema que debemos resolver entre todas las presiones conflictivas, ni la violencia hacia unas y otras comunidades por lo que debemos impulsar el diálogo", abogó el responsable autonómico de las fuerzas de seguridad, preocupado, según admitió, por la posibilidad de que, después de los ataques violentos de Poio, "se contaminen perversamente". Para Ameijeiras, el peligro reside en que "se mezcle el derecho constitucional de todo ciudadano a tener una casa digna con el derecho de los vecinos a tener, de las instituciones, información y transparencia". Y en ese camino, afirmó el delegado del Gobierno, todas las autoridades deben "seguir avanzando", informa Paola Obelleiro.