Petición de 10 años de inhabilitación para un alcalde por prevaricar
El alcalde de Humanes (16.497 habitantes), el ex socialista Adolfo Álvarez-Sojo, fraccionó entre los años 1998 y 2001 varios contratos de obras para reducir su cuantía y poder adjudicarlas directamente. Así lo establece la fiscal del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuenlabrada, en un escrito en el que le imputa un delito continuado de prevaricación por el que pide una pena de 10 años de inhabilitación para cargo público.
La fiscal cree que Álvarez-Sojo incumplió "a sabiendas" la Ley de Contratos del Estado para eludir los requisitos de "publicidad, requisito y forma" en las contratac...
El alcalde de Humanes (16.497 habitantes), el ex socialista Adolfo Álvarez-Sojo, fraccionó entre los años 1998 y 2001 varios contratos de obras para reducir su cuantía y poder adjudicarlas directamente. Así lo establece la fiscal del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuenlabrada, en un escrito en el que le imputa un delito continuado de prevaricación por el que pide una pena de 10 años de inhabilitación para cargo público.
La fiscal cree que Álvarez-Sojo incumplió "a sabiendas" la Ley de Contratos del Estado para eludir los requisitos de "publicidad, requisito y forma" en las contrataciones e impedir la participación de otras empresas. Según la fiscalía, en esos años se fraccionaron obras en más 50 pequeñas adjudicaciones por importe menor a 30.050,60 euros cada una.
De esta manera, las adjudicaciones se realizaban de manera directa y sin concurso abierto. Además, recuerda la fiscal que la mayor parte de los contratos fueron adjudicados a las empresas Consvial, SL, y Jemecon, SL, pese a los reiterados informes negativos del secretario y el interventor municipales.
Los hechos fueron denunciados en 2003 por el PSOE municipal, la formación en la que militaba Álvarez-Sojo en los años en los que se aprobaron los contratos y del que fue expulsado en 2002. En la actualidad el alcalde milita en el partido Compromiso Social por Humanes.
La denuncia fue archivada en primera instancia por otro juez de Fuenlabrada, pero meses más tarde la Audiencia Provincial reabría el caso por estimar que existían "indicios fundamentados para continuar con el proceso". Álvarez-Sojo negó haber cometido delito alguno, ya que, dijo las adjudicaciones permitieron "ahorrar dinero público y acelerar los trabajos".