El Consell deberá indemnizar por un terreno de la Ciutat de les Arts
Un fallo anula una expropiación al faltar la declaración de interés social
El suelo de la Ciutat de las Arts i les Ciències (CACSA) de Valencia sube de precio por la vía judicial. Una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado una de las expropiaciones para construir el complejo del arquitecto Santiago Calatrava y obliga a la Generalitat a revisar el precio pagado al propietario o a devolverle el suelo. El coste del suelo no ha parado de subir en los últimos años, lo que implicará un desembolso importante.
El recurso contra la expropiación forzosa lo planteó la empresa L'Horta Inversiones, SL, que poseía una parcela de unos 19.000 metros cuadrados en la zona, u...
El suelo de la Ciutat de las Arts i les Ciències (CACSA) de Valencia sube de precio por la vía judicial. Una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado una de las expropiaciones para construir el complejo del arquitecto Santiago Calatrava y obliga a la Generalitat a revisar el precio pagado al propietario o a devolverle el suelo. El coste del suelo no ha parado de subir en los últimos años, lo que implicará un desembolso importante.
El fallo abre la puerta a la reclamación de otros propietarios
El recurso contra la expropiación forzosa lo planteó la empresa L'Horta Inversiones, SL, que poseía una parcela de unos 19.000 metros cuadrados en la zona, un 5% del total de la Ciutat de les Arts. La sentencia, según informó ayer el diario Valéncia hui, afirma que la operación es nula porque falta la "indispensable" declaración de utilidad pública o interés social. La expropiación dejó de cumplir ese requisito porque otro fallo judicial echó por tierra el plan parcial al que afectaba. El fallo del Supremo, según fuentes jurídicas, abre la puerta a que otros expropiados de CACSA reclamen ante la Generalitat y exijan indemnizaciones o la revisión de los precios en los que se tasaron sus suelos.
El vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, redujo el alcance de la sentencia a "muy pocas" expropiaciones y apostó por una "solución puntual". La Generalitat "hablará" con el demandante, afirmó. No le queda otro remedio porque la empresa ya ha pedido la ejecución del fallo, que data de junio de 2007 y es firme, y está pendiente de que el Consell explique al tribunal encargado qué hará para acatarlo.
Rambla destacó que la decisión judicial "nada tiene que ver" con el proyecto "consolidado" de CACSA "y todas las infraestructuras que es necesario culminar".
La parcela cuya expropiación queda anulada no ha sido ocupada por ninguna edificación de CACSA y forma parte de los terrenos reservados a los rascacielos que propuso Calatrava en 2004 para rematar el complejo.
La zona residencial de la Ciutat de les Arts, con unos 164.000 metros cuadrados de edificabilidad, fue objeto de otro recurso, destacó ayer el Grupo Socialista municipal. La Asociación de Promotores recurrió el plan parcial de estos terrenos porque no se justificaba el interés social por el que se hacía la expropiación. El recurso prosperó en 1998 en primera instancia, y al declararse firme más adelante dejó sin cobertura legal la operación por la que L'Horta Inversiones entregó forzosamente su parcela y ahora debe ser indemnizada.
El Ayuntamiento y la Generalitat aprobaron un nuevo planeamiento en 2000, en el que con una fórmula ambigua destinaron 45.000 metros cuadrados de edificabilidad del total de 164.000 a posibles viviendas protegidas para dar por cumplido el interés social. El edil Vicente González Móstoles afirmó ayer que ese plan no ha justificado la utilidad pública de los terrenos, lo que calificó de "grave irresponsabilidad", y pidió la redacción de otro programa que reserve de manera efectiva ese suelo a vivienda social y dedique el resto a actividades de I+D.
La parcela desierta de las torres de Calatrava
Las tres torres diseñadas por Santiago Calatrava para rematar la Ciutat de les Arts i les Ciències, de hasta 280 metros de altura, no han pasado de la maqueta presentada en noviembre de 2004.
El sector inmobiliario recibió el proyecto con frialdad y hubo voces que dudaron de su viabilidad por el alto coste de las edificaciones de Calatrava. Los ingresos barajados por CACSA para adjudicar a la iniciativa privada el desarrollo de los rascacielos alcanzaban los 280 millones de euros en 2004, lo que situaba el coste del suelo urbanizado entre 1.600 y 2.100 euros por metro cuadrado. Sirvan estos números como referencia a la posible nueva valoración del suelo de L'Horta Inversiones, SL, cuyo suelo está en el área reservada a las torres.
Tras presentarse las torres, Rafael Rubio, entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento, advirtió de que en esos terrenos el plan había introducido 45.000 metros cuadrados de edificabilidad para viviendas sociales para justificar el interés social. El plan de Calatrava, abrazado con entusiasmo por el presidente, Francisco Camps, y la alcaldesa, Rita Barberá, nada decía de pisos protegidos, cuyo precio de venta es incompatible con la operación urbanística del arquitecto y la intención de generar ingresos para CACSA.
El concejal Vicente González Móstoles destacó ayer que ha intentado que las torres salieran adelante sin cumplir el requisito de construir vivienda protegida, lo que bordea la legalidad. La "falta de credibilidad" de la justificación del interés social de las expropiaciones de CACSA quedó patente con la presentación de las torres de Calatrava, afirmó González Móstoles. El concejal recordó, además, que el plan de 1993 reservaba suelo dotacional para los nuevos vecinos, lo que suprimió el PP en 2000.
Ante las posibles reclamaciones por la sentencia del Supremo, el Grupo Socialista propuso conceder el aprovechamiento necesario a los propietarios expropiados para "evitar indemnizaciones cuantiosas".
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