La fiscalía abre diligencias por prevaricación a ediles del PP de Benicàssim
La fiscalía de Castellón ha abierto diligencias ante la posible comisión de un delito de prevaricación cometido por dos concejales del anterior equipo de gobierno de Benicàssim, de PP, Rubén Bellido y Susana Marqués, dos técnicos municipales y el ex alcalde de Benicàssim, el independiente Manuel Llorca, ya fallecido. La denuncia, presentada por la Asociación Ciudadanos de Benicàssim, hace referencia a la aprobación de una unidad de ejecución, la UE-12, una zona en desarrollo en la que se encuentran tanto un colegio público como el cuartel de la Guardia Civil.
Según los denunciantes, la ...
La fiscalía de Castellón ha abierto diligencias ante la posible comisión de un delito de prevaricación cometido por dos concejales del anterior equipo de gobierno de Benicàssim, de PP, Rubén Bellido y Susana Marqués, dos técnicos municipales y el ex alcalde de Benicàssim, el independiente Manuel Llorca, ya fallecido. La denuncia, presentada por la Asociación Ciudadanos de Benicàssim, hace referencia a la aprobación de una unidad de ejecución, la UE-12, una zona en desarrollo en la que se encuentran tanto un colegio público como el cuartel de la Guardia Civil.
Según los denunciantes, la urbanización se validó a cabo a sabiendas de que el sector no se podía aprobar ya que carecía del preceptivo informe de cuenca. De hecho, entre la documentación presentada ante fiscalía figura un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar según el cual dicha unidad no disponía del dictamen de ese organismo que, además, abrió un expediente por su aprobación.
En cualquier caso, según la asociación, se trata de un expediente "muy complejo" en el que se tramitaron varias modificaciones que "deberían haber obligado a repetir la licitación", hecho que no ocurrió. "A sabiendas de que no podían aprobarla, finalmente, la aprobaron", indicaron desde el colectivo vecinal, que también ha presentado denuncias por otros proyectos urbanísticos aprobados en Benicàssim. Aún así, el colectivo aseguró que su intención era no desvelar la apertura de diligencias de investigación penal hasta después de las elecciones ya que no querían "incidir en la campaña".
El hecho es que la aprobación de esta unidad de ejecución provocó un auténtico cisma en el equipo de gobierno que concluyó con la dimisión de uno de sus concejales, Carlos Pastor, poco después de que el pleno municipal debatiera la polémica urbanización. En el pleno, el edil popular votó en contra de la propuesta de su propio grupo, al igual que hizo la concejal Mari Carmen Asín, que ya se había desvinculado del grupo del PP, pese a que se presentó a las elecciones en su lista.
Después de las pasadas elecciones municipales, el nuevo equipo de gobierno, con el socialista Francesc Colomer a la cabeza, hubo de modificar el planeamiento de esta zona para mejorar la evacuación de aguas pluviales y evitar inundaciones. El área quedó inundada tras unas fuertes lluvias y el Ayuntamiento optó por incorporar un nuevo colector.