"Se puede denunciar igual si falta el castellano"
Si hay algo difícil de entender fuera de Cataluña es la obligación de rotular todo en catalán en los comercios, y la posibilidad de ser sancionado si no es así. La razón de fondo de esta política es que el consumidor tiene derecho a ser atendido en una lengua oficial. Esta política de discriminación positiva parte de presuponer que la presencia del castellano en la sociedad es lo normal.
"La Ley de Política Lingüística es un mandato del Parlamento. Plantea que hay una lengua mayoritaria y otra minoritaria, y que debemos hacer una discriminación positiva para proteger la minoritaria", e...
Si hay algo difícil de entender fuera de Cataluña es la obligación de rotular todo en catalán en los comercios, y la posibilidad de ser sancionado si no es así. La razón de fondo de esta política es que el consumidor tiene derecho a ser atendido en una lengua oficial. Esta política de discriminación positiva parte de presuponer que la presencia del castellano en la sociedad es lo normal.
"La Ley de Política Lingüística es un mandato del Parlamento. Plantea que hay una lengua mayoritaria y otra minoritaria, y que debemos hacer una discriminación positiva para proteger la minoritaria", explicaba hace unos días por teléfono Miquel Salazar, director de Política Financiera, Competencia y Consumo de la Generalitat. De él depende la Agencia Catalana de Consumo, que ejecuta estas sanciones.
La Ley 1/1998, conocida como Ley del catalán, fue promovida por CiU y aprobada con el voto en contra de PP y ERC. En aquel entonces, CiU y el PP se apoyaban respectivamente en los Gobiernos de Cataluña y Madrid. La Ley del catalán marcó uno de los momentos más tensos en esa relación, pero no la rompió. El PP no recurrió la constitucionalidad de la ley.
"Pongamos, por ejemplo, que a usted no le dan la carta en castellano en un restaurante", dice Salazar. "Tiene derecho a reclamar. Es una norma que podría hacer cualquier comunidad autónoma para proteger el castellano, por ejemplo, en las zonas turísticas llenas de extranjeros donde no atienden en castellano". De hecho, explica Salazar, la ley catalana también protege al consumidor en este idioma. "Por supuesto que alguien puede ir a las oficinas de Consumo y denunciar que no le atienden en castellano o que la información de un comercio no estaba en castellano. Igual que con el catalán". Salazar añade que "el hecho de que no se produzcan denuncias de este tipo demuestra que eso no suele suceder".
"No hay una coacción. Nuestra política se basa más en la motivación, en convencer que en sancionar. Se sanciona sólo en algunos casos y cuando hay una denuncia por medio". No todos los casos son comercios que utilizan el castellano. Se ha sancionado también por rotular sólo en urdu, por ejemplo.