'Los Albertos', absueltos

No está al alcance de los simples mortales ni del común de los ciudadanos comprender que hechos penalmente reprobables como los cometidos por Alberto Alcocer y Alberto Cortina, los Albertos, al estafar a sus socios minoritarios en la compra de los terrenos de las Torres KIO, en Madrid, puedan quedar impunes. No porque no sucedieran, sino por una cuestión formal: porque dejaran o no de ser denunciados a su debido tiempo, según el distinto y contrapuesto criterio sobre la prescripción del delito que mantienen los tribunales Constitucional y Supremo.

Por eso, es llamativo incluso qu...

No está al alcance de los simples mortales ni del común de los ciudadanos comprender que hechos penalmente reprobables como los cometidos por Alberto Alcocer y Alberto Cortina, los Albertos, al estafar a sus socios minoritarios en la compra de los terrenos de las Torres KIO, en Madrid, puedan quedar impunes. No porque no sucedieran, sino por una cuestión formal: porque dejaran o no de ser denunciados a su debido tiempo, según el distinto y contrapuesto criterio sobre la prescripción del delito que mantienen los tribunales Constitucional y Supremo.

Por eso, es llamativo incluso que el fiscal del Estado y magistrado del Supremo en excedencia, Cándido Conde-Pumpido, tenga también dificultades para comprender esa exculpación, consecuencia de una doctrina del Constitucional sobre la prescripción que no guarda el debido equilibrio entre quienes son acusados de un delito y sus víctimas y que tiende a favorecer de hecho a los primeros. El asombro del fiscal del Estado no hace sino confirmar la gravedad del desaguisado y la desazón causada.

El Constitucional no ha elaborado ad hoc su doctrina para exculpar a los Albertos. La perfiló hace dos años en el caso de un matrimonio contra el que se había querellado Hacienda por un delito tributario: el reloj de la prescripción sólo se para por la admisión a trámite de la denuncia o querella y no por su mera presentación en el juzgado, como ha mantenido hasta la fecha el Tribunal Supremo. Y como la denuncia contra los Albertos fue cursada el día anterior al de la prescripción, y además sin firma, siendo admitida a trámite cuatro meses después, una vez corroborada su autenticidad, el Constitucional deduce que fue presentada tarde y mal y no sirvió para interrumpir la prescripción.

Es posible que la denuncia contra los Albertos fuera defectuosa, pero ello no hace que la doctrina del Constitucional sea más sólida y coherente que la del Supremo. Tampoco es realista: hacer depender la prescripción de la voluntad del juez, y no de las víctimas del delito, es dejar abierto un boquete a la impunidad, dada la lentitud de la maquinaria judicial. Los Albertos han sido exculpados pero quedan los hechos, tipificados como estafa por el Supremo, y antes por la Audiencia Provincial de Madrid.