Un testigo del 'caso Yak' revela amenazas por negarse a volar

Antonio Bendala, médico neurocirujano y comandante en excedencia, reveló ayer al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que un mando de la Armada sufrió amenazas por negarse a volar en un avión ex soviético tras el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles que volvían de Afganistán.

Bendala hizo esta revelación a preguntas de un abogado que quiso saber si los militares eran libres para negarse a volar en este tipo de aviones, como aseguró en el juicio celebrado en enero de 2006 en Zaragoza el ex jefe del Estado Mayor Conjunto Juan Luis Ibarreta.
...

Antonio Bendala, médico neurocirujano y comandante en excedencia, reveló ayer al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que un mando de la Armada sufrió amenazas por negarse a volar en un avión ex soviético tras el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles que volvían de Afganistán.

Bendala hizo esta revelación a preguntas de un abogado que quiso saber si los militares eran libres para negarse a volar en este tipo de aviones, como aseguró en el juicio celebrado en enero de 2006 en Zaragoza el ex jefe del Estado Mayor Conjunto Juan Luis Ibarreta.

Si el comandante José Manuel Ripollés hubiera podido elegir, es bastante probable que no hubiese subido al Yak-42. El 22 de mayo de 2003, sólo cuatro días antes del accidente en el que perdió la vida, envió un correo electrónico a Bendala en el que criticaba las condiciones de estos vuelos. "Como te puedes imaginar", le decía, "no son aviones nuestros, sino alquilados a un grupo de piratas aéreos que en condiciones límite trasladan a nuestro material y personal, te hablo de los Tupolev, Yakovlev... Vamos, como el avión, mejor dicho, el vión que tuvo una apertura fortuita en África y fueron succionados los pasajeros. La verdad es que sólo con ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina de la tripulación te empieza a dar la taquicardia".

El testigo aseguró que no le sorprendió el mensaje, pues eran conocidas las malas condiciones de estos vuelos, y agregó que Ripollés estaba cualificado para opinar, ya que era ingeniero y había dirigido un contingente militar en la Antártida.

Grande-Marlaska acordó dar un plazo de entre 30 y 45 días a la representante de la intermediaria Chapman Freeborn, con domicilio en Londres, para que comparezca en el juzgado. También quedó pospuesta la declaración del ex ministro de Defensa José Bono, inicialmente prevista para ayer, pues el fiscal pidió conocer primero las respuestas de su antecesor en el cargo, Federico Trillo-Figueroa, quien se acogió al privilegio de declarar por escrito. En la causa está personado como imputado su número dos, el ex secretario de Estado de Defensa Fernando Díez Moreno, a pesar de que no ha sido imputado por el juez y ni siquiera llamado a declarar.