El TSJ anula un PAI en Castellón sobre suelo urbano
El Ayuntamiento de Castellón acordó ayer dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que anula la aprobación y adjudicación de un PAI en suelo urbano consolidado. Asume así el Ayuntamiento la mala praxis realizada en la tramitación del programa, situado en la calle del Guitarrista Tárrega de la capital de La Plana, ya que considera "nulos" los acuerdos adoptados entre 1997 y 1999 en el procedimiento de aprobación, reparcelación y urbanización.
La sentencia dicta que los PAI no pueden ejecutarse en suelo urbano consolidado, como era el caso de la ci...
El Ayuntamiento de Castellón acordó ayer dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que anula la aprobación y adjudicación de un PAI en suelo urbano consolidado. Asume así el Ayuntamiento la mala praxis realizada en la tramitación del programa, situado en la calle del Guitarrista Tárrega de la capital de La Plana, ya que considera "nulos" los acuerdos adoptados entre 1997 y 1999 en el procedimiento de aprobación, reparcelación y urbanización.
La sentencia dicta que los PAI no pueden ejecutarse en suelo urbano consolidado, como era el caso de la citada calle de Castellón donde había que retranquear varias viviendas. El Ayuntamiento inició un proceso de expropiación que paralizó cuando la mercantil Construcciones Lidón, del grupo Lubasa, presentó un PAI al contar con la mayoría de los inmuebles afectados. Los vecinos que no accedieron a la venta presentaron la demanda, que fue estimada por el TSJ. La constructora recurrió ante el Tribunal Supremo pero, posteriormente, desistió del recurso al llegar a un acuerdo con los demandantes.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, afirmó ayer que "la decisión del TSJ pone de manifiesto la mala praxis urbanística del Ayuntamiento de Castellón, que hace 12 años tomó decisiones que han causado perjuicios a los propietarios". El socialista ha pedido información al equipo de gobierno y ha instado a sus miembros a explicar cómo prevé el Ayuntamiento ejecutar la decisión judicial. "El equipo de gobierno tiene la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía por las deficiencias que de forma continua se detectan en su gestión", añadió Calles.