Los partidos abogan por modificar las comisiones de investigación

La comisión de investigación sobre la Cidade da Cultura concluyó sin acuerdo entre el Partido Popular y los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, PSdeG y BNG, e incluso puso de manifiesto serias discrepancias de fondo entre los socios del bipartito en lo que se refiere al envío del dictamen al ministerio fiscal. La experiencia de tres meses de trabajo, sin embargo, sí ha servido para poner de acuerdo a los tres partidos en la necesidad de reformar el funcionamiento de las comisiones de investigación, especialmente en lo que se refiere a las comparecencias.

Con la mecánica actual...

La comisión de investigación sobre la Cidade da Cultura concluyó sin acuerdo entre el Partido Popular y los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, PSdeG y BNG, e incluso puso de manifiesto serias discrepancias de fondo entre los socios del bipartito en lo que se refiere al envío del dictamen al ministerio fiscal. La experiencia de tres meses de trabajo, sin embargo, sí ha servido para poner de acuerdo a los tres partidos en la necesidad de reformar el funcionamiento de las comisiones de investigación, especialmente en lo que se refiere a las comparecencias.

Con la mecánica actual, tal y como sucedió en el caso de la Cidade da Cultura, tanto las personas citadas en la comisión como los portavoces de los grupos se limitan a exponer sus posiciones, lo que, especialmente cuando el compareciente tiene responsabilidades políticas, deriva en un debate general que no aporta información útil a la investigación.

Por esa razón, Partido Popular, PSdeG y Bloque Nacionalista Galego son partidarios de una modificación reglamentaria que transforme las comisiones de investigación en una auténtica encuesta. De este modo, cada portavoz, por turnos, podría preguntar y repreguntar cuestiones concretas a los comparecientes, lo que evitaría que éstos pudiesen sortear con facilidad las preguntas incómodas, como ha ocurrido en las dos últimas comisiones de investigación: la de la Cidade da Cultura y la que indagó sobre el hundimiento de la vía de O Salnés, las dos que se han abierto en lo que va de legislatura.

Ignacio López-Chaves, portavoz del PP en la comisión de la Cidade da Cultura, comparte este criterio. "A lo mejor hacía falta un sistema de pregunta-respuesta y, sobre todo, que no se pudiesen bloquear e impedir" las demandas de ningún grupo, asegura.

Pero el PP, recuerda López-Chaves, va mucho más allá. Por eso ya ha hecho una propuesta para que la creación de comisiones deje de depender de las mayorías y pueda ser una prerrogativa directa de los grupos parlamentarios. Los populares extendieron ayer sus reproches al sistema de investigación parlamentaria con una crítica a la "estrategia de los socios del bipartito", que tendría como finalidad "impedir que prospere cualquier comisión de investigación que trate de indagar en la gestión del actual Ejecutivo". Según el portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, socialistas y nacionalistas "aceptan exclusivamente las centradas en el trabajo del Gobierno anterior", y rechazan otras como la de la adjudicación de la autovía del Barbanza.

Para el Grupo Parlamentario Popular, en las comisiones de investigación sería necesario además regular la colaboración de los Gobiernos con los comisionados y hallar un sistema que evite que los comparecientes no respondan a las preguntas. "Hemos visto que en las intervenciones, incluso en la de Touriño", recuerda el portavoz del PP en la comisión de la Cidade da Cultura, "es frecuente hablar de otra cosa para no hablar de lo que se le está preguntando". "A lo mejor el sistema hay que hacerlo más flexible", especula.

El portavoz socialista en esta comisión de investigación, Xaquín Fernández Leiceaga, no tiene dudas acerca de la necesidad de la reforma. "El funcionamiento es manifiestamente mejorable", asegura. "Para empezar, el sistema de turnos consecutivos de los portavoces y contestación global por parte de los comparecientes es poco útil".

En en vez de ese modelo, propone articular sistemas similares a los que funcionan en otros Parlamentos, "como es el de pregunta-respuesta con un tiempo máximo". "Eso da mucha más agilidad y obliga a responder o a callar en cada una de las preguntas y da oportunidad a repreguntar más fácilmente", resume Leiceaga.

También Carlos Aymerich, del BNG, cree que habría que mejorar el funcionamiento de las comisiones de investigación. "Lo que no puede pasar es seguir con comisiones en las que una persona comparece, no dice nada, alega desmemoria para no contestar o no aporta documentación", como ha sucedido en el caso de la Cidade da Cultura, señaló, en referencia a la comparecencia del cuñado de Mariano Rajoy y director económico del proyecto del monte Gaiás.

Aymerich está convencido de que "ese tipo de actitudes no se pueden tolerar". "Deberíamos tener mecanismos para impedirlas: que no sólo la comparecencia sea una obligación y un deber público, sino que, además, comparecer y negarse a facilitar información pueda tener consecuencias", propone. "Una cosa es que alguien entienda que lo que diga pueda tener algún tipo de relevancia penal y se acoja a su derecho a no declarar", matiza el portavoz nacionalista, pero otra muy distinta "es decir 'no me acuerdo". "Esas cosas deberían tener consecuencias".

Las comisiones de investigación se rigen en la actualidad por el artículo 52 del reglamento de la Cámara. En él se establece que para su creación es necesaria una decisión del pleno del Parlamento a petición de la Xunta, de la mesa, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los diputados. La norma que rige el funcionamiento de la Cámara establece también que cada comisión establecerá su plan de trabajo y podrá citar a cualquier persona, que será advertida "de sus derechos, así como de la posibilidad de acudir asistidos de letrado". "Los extremos sobre los que deba informar la persona requerida deberán serle comunicados con una antelación mínima de cinco días", añade la normativa.

La redacción, en este caso, no es muy distinta de la del reglamento del Congreso, aunque la Cámara baja otorga un plazo mucho más extenso a los comparecientes (15 días) para preparar sus intervenciones. Esa circunstancia, sin embargo, no impidió que la comisión de investigación sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 pudiese celebrarse siguiendo el modelo de pregunta-respuesta que ahora quieren promover los grupos parlamentarios gallegos.

El Parlamento constituyó recientemente una ponencia para estudiar la posibilidad de una reforma del reglamento que podría afectar a las comisiones de investigación.