El juez obliga a La Vila a pagar obras hechas sin contrato
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Alicante ha obligado al Ayuntamiento de La Vila Joiosa a reconocer y pagar las obras ejecutadas en la Finca la Barbera con el consentimiento y la autorización del anterior gobierno y al margen del contrato. El anterior gobierno municipal, del PP, contrató a las mercantiles Nexo Entrecanales Cubiertas SA y Viveros José Dalmau SA la rehabilitación de esta finca, para su transformación en un museo y un parque, lo que constituyó el principal proyecto cultural de la anterior legislatura. Las obras fueron adjudicadas por 5.805.047,26 euros, y l...
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Alicante ha obligado al Ayuntamiento de La Vila Joiosa a reconocer y pagar las obras ejecutadas en la Finca la Barbera con el consentimiento y la autorización del anterior gobierno y al margen del contrato. El anterior gobierno municipal, del PP, contrató a las mercantiles Nexo Entrecanales Cubiertas SA y Viveros José Dalmau SA la rehabilitación de esta finca, para su transformación en un museo y un parque, lo que constituyó el principal proyecto cultural de la anterior legislatura. Las obras fueron adjudicadas por 5.805.047,26 euros, y luego se realizaron modificaciones con el consentimiento de la dirección facultativa y los ediles responsables, de la que resultó que el importe ascendió a 6.627.748,38 euros, de los que el Ayuntamiento adeuda 934.378,08.
El anterior equipo de Gobierno denegó por silencio administrativo la reclamación presentada el 31 de marzo de 2006 de las mercantiles citadas para el pago de esta última cantidad, más otros 88.764,94 euros por intereses de demora. La sentencia recoge que el Consistorio ni negó ni alegó sobre el fondo del asunto, dada la evidencia de las obras realizadas. Además, el juez considera, además, probado que las obras ejecutadas se realizaron "siguiendo las instrucciones de la Dirección Facultativa, con su conocimiento y consentimiento (...) o como consecuencia de la petición expresa del propio Ayuntamiento". Afirma la resolución que si bien los mismos "se realizaron al margen del contrato" el ayuntamiento no puede "enriquecerse injustamente", ya que "el contratista tiene derecho al abono de la obra realmente realizada".