La Agencia Tributaria catalana dará prioridad a la lucha contra el fraude

La Agencia Tributaria de Cataluña, que empezará a andar el próximo mes de enero, se ha fijado como uno de sus objetivos la lucha contra el fraude fiscal. Así lo recoge el proyecto de decreto del reglamento de la agencia al que ha tenido acceso EL PAÍS y que el Gobierno catalán tiene previsto aprobar el próximo día 24 de diciembre.

El artículo 4 del proyecto explica que los objetivos de la agencia se definirán en un programa anual de actuaciones que "se referirán tanto al control tributario, con actuaciones relativas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal, como a la atención a l...

La Agencia Tributaria de Cataluña, que empezará a andar el próximo mes de enero, se ha fijado como uno de sus objetivos la lucha contra el fraude fiscal. Así lo recoge el proyecto de decreto del reglamento de la agencia al que ha tenido acceso EL PAÍS y que el Gobierno catalán tiene previsto aprobar el próximo día 24 de diciembre.

El artículo 4 del proyecto explica que los objetivos de la agencia se definirán en un programa anual de actuaciones que "se referirán tanto al control tributario, con actuaciones relativas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal, como a la atención a la ciudadanía, a través de la potenciación y la mejora de la asistencia al contribuyente". Es una declaración de intenciones que después refuerza el artículo 5.3, cuando anuncia que la agencia "colaborará con las autoridades judiciales y el ministerio fiscal en los términos previstos en la normativa vigente".

El Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC), que preside Mercè Sala, considera que se debe ir aún más allá. El dictamen que ha emitido el citado organismo -con carácter preceptivo, aunque no vinculante- propone que el reglamento prevea la creación de un "mecanismo específico para garantizar una coordinación eficiente" con la justicia y la fiscalía. Es decir, que la lucha contra el fraude fiscal no quede en una declaración de intenciones, sino en una realidad que sea posible si se tiene voluntad política para ello.

La creación de la Agencia Tributaria es una de las primeras concreciones del despliegue del Estatuto, pendiente aún de la sentencia del Tribunal Constitucional, tras el recurso interpuesto por el Partido Popular.Para que la Agencia Tributaria eche a andar lo antes posible era necesario aprobar el reglamento que desarrolle la ley que el pasado 11 de julio votaron en el Parlament las tres formaciones de la izquierda catalana y CiU.

El proyecto de reglamento revela (artículo 15) que la Agencia Tributaria de Cataluña funcionará bajo un estricto control del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat. La presidirá el secretario general del departamento, cargo ocupado en la actualidad por Andreu Morillas, quien también presidirá la junta de gobierno y el consejo asesor. La Asociación Nacional de Inspectores Fiscales propuso durante el debate del proyecto de ley en el Parlament que no se reprodujera en Cataluña el modelo de España con la Agencia Tributaria y que ese nuevo organismo se rigiera por criterios que no sólo fueran políticos. En este sentido, se sugería que fuese la Cámara la que nombrara al presidente que marcase sus directrices.

Nombrado por el Gobierno

Pero el artículo 1.3 del reglamento establece de manera clara que es el Departamento de Economía es quien "establece las directrices y ejerce el control de eficacia y eficiencia sobre la actividad de la Agencia". Del mismo modo, la junta de gobierno de la Agencia estará integrada, además de por el presidente, por cinco vocales natos pertenecientes al Departamento de Economía y por cuatro vocales que nombra el consejero del ramo, según prevé el artículo 16. El director de la Agencia lo nombrará y destituirá el Gobierno catalán, pero también a propuesta del consejero. Del mismo modo, el artículo 36 del proyecto de reglamento prevé que el consejo asesor de la Agencia esté compuesto por seis vocales elegidos entre colegios profesionales, las instituciones académicas y las organizaciones económicas y sociales, pero propuestos y nombrados por el presidente de la Agencia. El informe del CTESC también se muestra crítico con este apartado, pues considera que se debería garantizar la presencia de cuatro representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Cataluña y que éstas deberían ser escuchadas antes de proponer a los integrantes del consejo asesor.

Más allá de estas cuestiones de organización interna, ni la ley ni ahora el reglamento concretan cómo se coordinará la Agencia Tributaria de Cataluña con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Se trata de un elemento clave para asegurar el éxito, ya que han de compartir información y mecanismo de inspección.