El CES ve etérea la ley de encuentro familiar

El Comité Económico y Social (CES) de la Comunidad Valenciana ha aprobado, por unanimidad, el dictamen al anteproyecto de Ley Reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar. Sin embargo, en un inusual y extenso informe, el CES realizada varias observaciones sobre el texto remitido por la Consejería de Justicia, dirigidas, fundamentalmente, a que se precise la estructura y requisitos de este servicio, cuyo objetivo es facilitar el cumplimiento del régimen de visitas y garantizar el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores y familiares.

El CES critica la poca concreción ...

El Comité Económico y Social (CES) de la Comunidad Valenciana ha aprobado, por unanimidad, el dictamen al anteproyecto de Ley Reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar. Sin embargo, en un inusual y extenso informe, el CES realizada varias observaciones sobre el texto remitido por la Consejería de Justicia, dirigidas, fundamentalmente, a que se precise la estructura y requisitos de este servicio, cuyo objetivo es facilitar el cumplimiento del régimen de visitas y garantizar el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores y familiares.

El CES critica la poca concreción del anteproyecto de ley, que requiere de un reglamento para su aplicación que debería estar aprobado en un plazo máximo de seis meses. Sobre la ley, el CES advierte que ni siquiera propone una estructura mínima "atendiendo a la distribución territorial, la población y las situaciones, garantizando el servicio de dichos puntos al conjunto de la sociedad de nuestra comunidad", tal y como especifica el dictamen.

El anteproyecto tampoco refleja los requisitos mínimos del personal que desempeñará su trabajo en estos puntos de encuentro y reclama que los profesionales esten "debidamente formados y cualificados", condición que no recoge el anteproyecto. Entre otras observaciones, el CES insta a la Consejería de Justicia a incluir las rupturas de las "uniones de hecho". El dictamen incluye un voto particular UGT y CC OO para exigir el carácter "público y gratuito".