Absuelto el policía acusado de filtrar datos íntimos de una edil de Málaga
El juez reprueba que se incluyan datos personales en los informes de escoltas
Los vertidos de aguas residuales a varios arroyos de Morón de la Frontera (Sevilla, 28.000 habitantes) van a salir caros al gobierno municipal. El Consejo de Ministros le impuso ayer al Ayuntamiento una multa de 605.170 euros por verter a través de su red de alcantarillado aguas sin depurar a los arroyos La Peste, San Cristóbal y El Cuerno.
La Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto al intendente mayor de la Policía Local, Juan Antonio Ferrer Medina, del delito de revelación de secreto del que se le acusaba, al considerar que no está probado que fuera él quien envió a la prensa local...
Los vertidos de aguas residuales a varios arroyos de Morón de la Frontera (Sevilla, 28.000 habitantes) van a salir caros al gobierno municipal. El Consejo de Ministros le impuso ayer al Ayuntamiento una multa de 605.170 euros por verter a través de su red de alcantarillado aguas sin depurar a los arroyos La Peste, San Cristóbal y El Cuerno.
El juicio no se ocupó de quién encargó el informe sobre la concejal
La Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto al intendente mayor de la Policía Local, Juan Antonio Ferrer Medina, del delito de revelación de secreto del que se le acusaba, al considerar que no está probado que fuera él quien envió a la prensa local el informe. El documento filtrado contenía información sobre las visitas de la edil a la iglesia, a la peluquería, o sus compras en el centro de Málaga.
La sala primera de la Audiencia malagueña sólo ha enjuiciado el traslado del documento a la prensa y no ha indagado sobre quién pudo encargar a un escolta que incluyera en sus informes aspectos personales de la vida de su defendida. Sin embargo, el magistrado ponente, José Godino, reprueba en su sentencia esta práctica. "No parece normal que un funcionario policial que actúa como escolta recoja en sus informes datos de carácter personal que afectan a la intimidad de la autoridad escoltada, y que se compadecen mal, cuando no se contradicen abiertamente, con [el] deseo de mejorar la seguridad", considera el magistrado.
El juez considera probado que el oficial del grupo de escoltas de la Policía Local Rafael Rubio utilizó unas notas manuscritas confidenciales del escolta de Agüera, Francisco Javier Molina, para redactar un informe sobre las actividades tanto profesionales como personales de la concejala. Rubio imprimió dos copias del documento redactado por él y les adjuntó una fotocopia de las notas manuscritas del escolta. A continuación puso un sello de confidencial en distintas partes de cada uno de los folios. El oficial entregó en mano uno de estos juegos de copias al superintendente de la Policía Local, Pascual Sánchez-Bayton, el 17 de marzo de 2007. El otro juego lo guardo en su armero de seguridad y el 30 de marzo se lo entregó a su superior, Juan Antonio Ferrer, que se acababa de reincorporar a su trabajo tras una baja por accidente.
Una fotocopia del documento guardado por el oficial Rubio y entregado al intendente Ferrer, fue entregado a la prensa, que lo publicó el 4 de mayo de 2005. La difusión del documento desató una fuerte marejada en el consistorio malagueño, ya que el informe del escolta, que quería ser relevado de la protección de Rosa Agüera, incluía apreciaciones sobre la supuesta falta de actividad de la edil, como que salía de su casa pasadas las 11.00. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, reclamó días después de la filtración a Agüera que "normalizara" su horario. El 30 de junio de 2005, después de que la edil denunciara en el juzgado la elaboración del informe y su filtración, De la Torre destituyó a Agüera de su puesto de delegada del distrito Centro de la capital malagueña.
La mañana en que Rubio entregó el informe a Ferrer, el documento estuvo toda la mañana sobre la mesa del oficial, y las llaves de los despachos de la jefatura de Policía Local están en un cajetín fácilmente accesible, sobre todo en horas de limpieza. Por esta razón, el tribunal no puede considerar probado que fuera Ferrer, único acusado, quien lo filtrara a la prensa.
En la vista oral, un mando policial que actuaba de testigo de la defensa declaró que fue el ex director del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Rubio, actual coordinador de Hacienda de Marbella, quien solicitó el informe. Carlos Rubio ha negado este extremo.