"Dejé el trabajo en el bar porque no aguantaba el humo"

"¡Lo odio, lo odio!". A Gabriela Velásquez, peruana de 29 años, se le encoge la nariz cuando habla de tabaco. No lo soporta. Durante meses lo ha aguantado muy cerca. Atendía la barra en un bar del distrito de Chamberí en el que trabajó hasta febrero. "Me echaban el humo en la cara, no digo que lo hicieran queriendo, pero era inevitable que me viniera encima". Gabriela sufría picores en los ojos. Mientras, los camareros que fumaban salían fuera del bar porque no está permitido hacerlo en el lugar de trabajo. Así lo establece la Ley de Prevención del Tabaquismo, conocida como ...

"¡Lo odio, lo odio!". A Gabriela Velásquez, peruana de 29 años, se le encoge la nariz cuando habla de tabaco. No lo soporta. Durante meses lo ha aguantado muy cerca. Atendía la barra en un bar del distrito de Chamberí en el que trabajó hasta febrero. "Me echaban el humo en la cara, no digo que lo hicieran queriendo, pero era inevitable que me viniera encima". Gabriela sufría picores en los ojos. Mientras, los camareros que fumaban salían fuera del bar porque no está permitido hacerlo en el lugar de trabajo. Así lo establece la Ley de Prevención del Tabaquismo, conocida como ley antitabaco, en vigor desde hace más de un año.

La normativa también contempla que los locales con más de 100 metros cuadrados, como el sitio donde trabajaba Gabriela, deben incluir dos espacios diferenciados y perfectamente aislados para fumadores y no fumadores. En su caso no había ni una mampara. "Lo pedí varias veces pero los dueños no hacían caso, así que dejé el trabajo".

La Comunidad de Madrid aprobó un decreto que suaviza las condiciones de la ley en algunos aspectos. Permite fumar en los bares de centros de trabajo, en contra de la normativa estatal, y no obliga a separar físicamente los sitios con humo de los locales. "El resultado de esa permisividad es que en Madrid los empresarios se han relajado, no aplican la ley, hay manga ancha para todos", según Raquel Fernández, presidenta de la ONG Nofumadores.org, que ha presentado "sin éxito" más de 100 denuncias a bares y restaurantes que incumplen la normativa.

Vigilar que se cumpla la ley e imponer sanciones es competencia de los Gobiernos autonómicos. El Ministerio de Sanidad ha retirado a la Comunidad una subvención prevista para vigilar el cumplimiento de la ley. En 2006 recibieron cerca de dos millones de euros. Este año, nada. La Comunidad no facilitó a este periódico los datos de las inspecciones realizadas hasta la fecha.