Seis detenidos en Totana eluden la cárcel con fianzas de hasta 150.000 euros
La juez retira el pasaporte a los imputados al detectar riesgo de fuga
Seis de los primeros nueve detenidos de la Operación Tótem por la corrupción urbanística en Totana han tenido que pagar una fianza para eludir la cárcel. La titular del Juzgado número 1 de Totana, Asunción Navarro, ha decretado prisión eludible con una fianza de entre 150.000 euros y 30.000 para los imputados, que han declarado por una trama de cobro de comisiones a cambio de recalificaciones urbanísticas y de compraventa de suelo público. A todos los arrestados el pasado lunes se les ha retirado el pasaporte para reducir el riesgo de fuga y deberán comparecer cada semana ante el juzgado.
...
Seis de los primeros nueve detenidos de la Operación Tótem por la corrupción urbanística en Totana han tenido que pagar una fianza para eludir la cárcel. La titular del Juzgado número 1 de Totana, Asunción Navarro, ha decretado prisión eludible con una fianza de entre 150.000 euros y 30.000 para los imputados, que han declarado por una trama de cobro de comisiones a cambio de recalificaciones urbanísticas y de compraventa de suelo público. A todos los arrestados el pasado lunes se les ha retirado el pasaporte para reducir el riesgo de fuga y deberán comparecer cada semana ante el juzgado.
La juez impuso una fianza de 150.000 euros para el empresario gallego Manuel Núñez, propietario de Nuaria, por haber pagado presuntamente una importante cantidad de dinero para que le reclasificaran 2,2 millones de metros cuadrados rústicos para construir 5.040 viviendas, en el municipio. Totana tiene actualmente 25.000 habitantes. El fiscal del caso, José Luis Manzanera, había solicitado prisión incondicional para el empresario gallego.
El empresario gallego pagó ayer por la mañana los 150.000 euros. Lo hizo después de pasar la noche en los calabozos.
Para los otros cuatro de los seis detenidos el pasado lunes en la Operación Tótem -el empleado de la empresa gallega Inmonuar Pablo José Maceira; el dueño de la empresa Huevos Maryper, Gabriel Martínez; el empresario murciano José Antonio Alcántara, y el intermediario, Joaquín Carmona- las fianzas decididas por la magistrada oscilan entre los 30.000 y los 120.000 euros, informaron fuentes de la investigación a EL PAÍS.
Por su parte, el detenido en Las Rozas (Madrid), empleado de la firma gallega y empresario, José Antonio Carrocera, quedó en libertad provisional sin fianza, según las mismas fuentes.
Asimismo, el empresario Pedro Martínez, detenido el jueves en relación con esta operación ha quedado en libertad después de declarar el viernes por la tarde ante la Guardia Civil.
Tanto Pedro Martínez como los otros dos detenidos que ya habían sido puestos en libertad -el jefe de la Policía Local, Alfonso Canales; y el vendedor ambulante de zapatos, Diego Carrión- prestaron ayer declaración. Estos dos últimos no debieron pagar fianza para quedar libres.
Ayer por la tarde, permanecían tres personas detenidas por la Guardia Civil. Se trata del alcalde de Totana, José Martínez Andreo (PP), la secretaria del ayuntamiento, Laura Bastida; y el miembro de la ejecutiva local del PP y empresario de Totana, Juan Francisco Casanova, que pasarán a disposición judicial hoy, después de cumplir las 72 horas que la ley permite a los agentes retener sin declarar ante la magistrada.
Las detenciones se produjeron a raíz de las investigaciones que realiza la Guardia Civil, entre otros casos, sobre un presunto intento de recalificación de 220 hectáreas de terrenos rústicos para construir unas 5.000 viviendas, proyecto que iba a efectuar la empresa gallega Nuaria.
También investiga la venta presuntamente ilegal de terrenos en el polígono industrial de Totana, así como la reclasificación de varios millones de metros cuadrados a una empresa propiedad de dos de los detenidos y del hermano del ex alcalde y parlamentario regional del PP, Juan Morales, principal sospechoso de la Operación Tótem.
La Asamblea Regional respondió ayer al Tribunal Superior de Justica que Morales es aforado al ser diputado regional, un trámite para proseguir la investigación. Morales fue alcalde de Totana de 1995 a 1999 y de 2003 a 2007. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia investiga a petición del político si éste ha visto vulnerados sus derechos al no haber sido informado de la investigación.