"La concertación ha logrado vencer al POTA"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero (Sevilla, 1947), se muestra satisfecho de que la polémica con la Junta de Andalucía sobre la legislación urbanística haya regresado al ámbito de la concertación social, a la que da como vencedora de ese pulso. Dispuesto al diálogo, asegura que el Pacto por la Vivienda ofrecerá "seguridad" a la economía andaluza ante los nubarrones que se avecinan. Prudente ante lo que resta de negociación, asegura que los alcaldes han devuelto el pragmatismo a un asunto que puede afianzar el desarrollo andaluz.

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El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero (Sevilla, 1947), se muestra satisfecho de que la polémica con la Junta de Andalucía sobre la legislación urbanística haya regresado al ámbito de la concertación social, a la que da como vencedora de ese pulso. Dispuesto al diálogo, asegura que el Pacto por la Vivienda ofrecerá "seguridad" a la economía andaluza ante los nubarrones que se avecinan. Prudente ante lo que resta de negociación, asegura que los alcaldes han devuelto el pragmatismo a un asunto que puede afianzar el desarrollo andaluz.

Pregunta. ¿Qué balance hace de esta legislatura que termina, en la que las relaciones con el Gobierno han sido turbulentas?

"El modelo que plantea la ley de Puertos no es viable ni resiste"

"Hemos presentado medidas razonables para el Pacto de la Vivienda"

"El decreto del golf ha tenido muchos anuncios y pocas concreciones"

Respuesta. Las relaciones con el Gobierno las instituimos hace años a través de la concertación social. El problema es que el cumplimiento de los acuerdos de concertación no es tan estricto como sería deseable. Entendemos que se debe cumplir estrictamente el acuerdo, porque el que se cumplan sus contenidos en porcentajes del 85% o 90% tiene cierto índice de satisfacción, pero entendemos que el cumplimiento debe ser estricto. Las turbulencias se producen como consecuencia de que ha habido temas que no han pasado por la mesa de concertación o que los procedimientos no han sido los adecuados.

P. ¿Han influido los personalismos?

R. No, simplemente por no haber pasado por la mesa de concertación esas normas ordenancistas y porque entendíamos que se vulneraba el acuerdo.

P. Con el acuerdo alcanzado entre la Junta y la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias) se puede decir que han ganado la batalla del famoso POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía).

R. Primero, aún no hay un acuerdo. Estamos en negociaciones. Y segundo, nosotros buscamos el pragmatismo. Lo que interesa es que se posibilite la actividad y que se potencie. Lo deseable es que pronto, y con sentido práctico, la FAMP se integre en la mesa y los acuerdos no sean bilaterales sino integrados en la concertación.

P. Pero el acuerdo con la FAMP va en consonancia con muchas de sus reivindicaciones.

R. No conozco el teórico acuerdo con la FAMP, aunque de lo que he leído, la letra me gusta.

P. Pero que el POTA haya regresado al debate de la mesa de concertación sí es un triunfo para ustedes.

R. Es una victoria de la concertación social. Vuelve a reintegrarse a la mesa aquéllo que entendimos que debería haber estado en ella. Estamos conviniendo criterios de aplicación de las numerosas normas urbanísticas que se han producido en Andalucía en los últimos tiempos. Esos criterios de aplicación servirán para dar estabilidad, seguridad y campo de actuación a la actividad y al sector de la construcción, que es importantísimo en la economía andaluza.

P. Es curioso que los alcaldes, la mayoría del PSOE, hayan sido sus aliados en esta primera modificación de la aplicación del POTA.

R. Si entes tan distintos en sus intereses como los Ayuntamientos y los empresarios coincidimos en un camino, es el pragmatismo el que se impone. Andalucía tenía un dinamismo de crecimiento, y cuando las cosas empiezan a no ser tan optimistas, el papel de las administraciones no debe ser acumular medidas con efectos negativos, sino el de abrir campos para estimular la actividad empresarial.

P. Los sindicatos se niegan a que se suba el precio de la VPO por encima de 150.000 euros. Ustedes piden módulos superiores.

R. Presentamos un documento de medidas que creemos razonables, y que casi nadie entendió de manera radicalmente negativa. Criterios de aplicación interpretativa, como el caso de que los suelos industriales no entren en ninguna limitación. Sobre los suelos comerciales también puede haber acuerdo. También pedimos que se modulen los ayuntamientos en función de su población y extensión. La concreción hay que estudiarla, pero el acuerdo debe tener medidas sobre suelo, vivienda, financiación y sobre compradores. Respecto a las viviendas, hemos pedido un modelo de vivienda a precio tasado que ya existe en España y que se quedó fuera de la ley andaluza de VPO, y sobre el que parece que todos estamos de acuerdo.

P. El futuro decreto que regula los campos de golf impide la construcción de viviendas, limita los hoteles y les confiere carácter público. También la ley de Puertos limita el urbanismo. ¿Será una nueva batalla?

R. La norma que regule los campos de golf ha tenido muchos anuncios y pocas concreciones. Hay que dotar de infraestructuras de servicios a una de las principales industrias como es el turismo, Pensar que podemos tener una actividad turística sin actividades complementarias es desconocer el modelo.

P. ¿Y cómo van a actuar?

R. Lo que se ha hecho hasta aquí, ni se ha hecho contra las normas, ni de espaldas a las sensibilidades de la sociedad, lo que pasa es que las normas y las sensibilidades han cambiado. No significa que se hiciera mal. La iniciativa pública también ha hecho cosas que ahora no encajan con las nuevas normas y sensibilidades.

P. Y la solución son esas nuevas normas que se anuncian con más restricciones.

R. No, hay que adaptarse a las sensibilidades teniendo en cuenta el desarrollo sostenible y garantizar la calidad de vida para el presente y el futuro, pero eso no es el inmovilismo.

P. La Ley de Puertos ya está en el Parlamento y también restringe las viviendas e incluso limita los hoteles en ese suelo.

R. De momento, por enmienda del grupo socialista, ya ha desaparecido una de las restricciones más preocupantes, como era la limitación de las concesiones al año 2018, aunque todavía el conjunto de la ley no permite la actividad de aquéllo que pretende regular en el futuro. El modelo que se plantea no es viable ni se resiste. La política no puede ser tan cerrada que persiga objetivos con independencia de sus resultados en el desarrollo y la economía.

P. Los sindicatos han advertido que se van a cerrar más de 10.000 pymes vinculadas a la construcción por el parón inmobiliario.

R. Es probable. El efecto multiplicador de la construcción es impresionante. No sólo en la mano de obra directa, sino en muchos otros sectores. Esas normas también afectan a la creación de empresas, cuyo ritmo de crecimiento ya se ha frenado.