El Constitucional desactiva otra maniobra del PP en las recusaciones
El alto tribunal decidirá el lunes sobre los impugnados por el PP
El Tribunal Constitucional ha rechazado la petición del PP de examinar primero las recusaciones del Gobierno contra dos magistrados conservadores para que intervengan en el enjuiciamiento de la Ley Orgánica del Tribunal (LOTC) y el lunes abordará directamente las del PP contra los jueces progresistas Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps. Así lo acordó ayer el presidente en funciones, Vicente Conde Martín de Hijas, que ha descartado que ese día se vean las recusaciones del Gobierno contra los jueces conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. La convocatoria del Ple...
El Tribunal Constitucional ha rechazado la petición del PP de examinar primero las recusaciones del Gobierno contra dos magistrados conservadores para que intervengan en el enjuiciamiento de la Ley Orgánica del Tribunal (LOTC) y el lunes abordará directamente las del PP contra los jueces progresistas Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps. Así lo acordó ayer el presidente en funciones, Vicente Conde Martín de Hijas, que ha descartado que ese día se vean las recusaciones del Gobierno contra los jueces conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. La convocatoria del Pleno se produce después de que seis magistrados del Constitucional desmintiesen una información del diario El Mundo en la que el PP basó sus recusaciones. El escrito de desmentido fue trasladado al Gobierno y al PP para que formulasen alegaciones.
En su respuesta al Tribunal Constitucional, el PP pidió que se acumulasen las cinco recusaciones -las dos del Gobierno y las tres del PP- y se decidiese conjuntamente sobre ellas. También acusó a los seis magistrados que elaboraron el desmentido de firmar un escrito que "ha devenido falso" y calificó de "irregular" que en un pleno anterior se hubiese decidido examinar primero las recusaciones del PP cuando el Gobierno presentó antes las suyas.
Sin embargo, el Abogado General del Estado, como representante del Gobierno, adujo que no había un solo artículo en la ley que impidiese ver primero las recusaciones del PP y pidió que se inadmitiesen "de plano" las formuladas por este partido, basadas la información periodística desmentida tajantemente por seis magistrados del alto tribunal.
En el caso de que el pleno aceptase el rechazo de plano de las recusaciones, decaerían las demás peticiones del PP, en especial la "confesión jurada" de la presidenta, María Emilia Casas, y de otros cuatro magistrados que elaboraron el desmentido a El Mundo.
Candidatos antes del 15
En este contexto, el Senado acordó el miércoles por la noche dar de plazo a las comunidades autónomas hasta el 15 de diciembre para presentar candidatos a magistrados del Constitucional. Los cuatro magistrados nombrados por el Senado cesan el 17 de diciembre, y se debe nombrar a los nuevos, lo que cambiaría la mayoría en el tribunal a favor de los progresistas. El miércoles, la Cámara aprobó una norma para que, por primera vez, sean nombrados de entre los propuestos por las autonomías.
Esta nueva fórmula de nombramiento está recurrida por el PP al propio Constitucional, por lo que sus senadores miembros de la Mesa del Senado se abstuvieron en la decisión de abrir el plazo de candidaturas. El presidente del Senado enviará hoy una carta a los Parlamentos autónomos en la que les informa de que tienen de plazo hasta el día 15. Según la nueva norma, cada autonomía puede proponer dos candidatos. Entre los 34 posibles, el Senado elegirá a cuatro.
El PP se opone a todo el proceso de raíz. Esta circunstancia hace dudar que los Parlamentos con mayoría del PP estén dispuestos a presentar candidatos. "Lo coherente es que no lo hicieran", dijeron ayer fuentes parlamentarias del PP, aunque aseguraban que no hay, por ahora, una estrategia coordinada. Si no hay suficientes candidatos, el Senado podrá aportar sus propios nombres.
Por parte del PSOE, su portavoz en el Senado, Joan Lerma, dijo que "lo que había que hacer, que es cumplir la ley, ya está hecho", en referencia a habilitar el proceso de renovación como exige la Ley del Tribunal Constitucional. "Ahora, el PP tiene poder de veto sobre todo el proceso". La Constitución exige una mayoría de tres quintos de la Cámara para el nombramiento, algo que no se puede conseguir sin los votos del PP.