La Xunta asumirá competencias urbanísticas de los municipios

El Consello de la Xunta aprobó ayer los estatutos de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Con esta decisión, el Gobierno de Emilio Pérez Touriño está ya en situación de poner en marcha el nuevo organismo, destinado a asumir las funciones de vigilancia, inspección, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística. Y podrá, además, asumir por delegación las competencias que en esa materia quieran ceder a la agencia los municipios gallegos que no se sientan con capacidad y medios suficientes para hacer frente al control de las promociones urbanísticas.

Aunque la agenci...

El Consello de la Xunta aprobó ayer los estatutos de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Con esta decisión, el Gobierno de Emilio Pérez Touriño está ya en situación de poner en marcha el nuevo organismo, destinado a asumir las funciones de vigilancia, inspección, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística. Y podrá, además, asumir por delegación las competencias que en esa materia quieran ceder a la agencia los municipios gallegos que no se sientan con capacidad y medios suficientes para hacer frente al control de las promociones urbanísticas.

Aunque la agencia todavía no es una realidad, hasta 31 ayuntamientos ya han manifestado a la Consellería de Política Territorial su interés en llegar acuerdos para delegar sus competencias, según adelantó ayer el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño. Se trata, en su mayor parte de municipios de pequeño tamaño.

La vinculación de los ayuntamientos con la agencia se regulará mediante un convenio e incluirá, necesariamente, la atribución a la agencia de las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad que correspondan al municipio.

Al frente del organismo estará un director (nombrado por la Xunta por un período de cuatro años) y un consejo ejecutivo.

La nueva agencia de protección urbanística forma parte del conjunto de medidas que está desarrollando la Xunta en materia de ordenación del territorio, de las que ya está en vigor la ley que congeló la posibilidad de construir en la franja más próxima al litoral.