El Gobierno vasco afirma que el auto judicial "sobrepasa todos los límites"
El Gobierno vasco y el PSE-EE reaccionaron con tono muy distinto a la apertura del juicio oral contra sus máximos responsables, que los sentará en el mismo banquillo de los acusados que a dirigentes de Batasuna.
Con el lehendakari de visita en México, el Ejecutivo autónomo afirmó que los responsables de la decisión "han traspasado todos los límites". El juez instructor y el Tribunal de Justicia del País Vasco "enjuician al lehendakari por realizar la actividad política para la que fue elegido", acusó su portavoz, Miren Azkarate. "Estamos ante un hecho histórico de especial...
El Gobierno vasco y el PSE-EE reaccionaron con tono muy distinto a la apertura del juicio oral contra sus máximos responsables, que los sentará en el mismo banquillo de los acusados que a dirigentes de Batasuna.
Con el lehendakari de visita en México, el Ejecutivo autónomo afirmó que los responsables de la decisión "han traspasado todos los límites". El juez instructor y el Tribunal de Justicia del País Vasco "enjuician al lehendakari por realizar la actividad política para la que fue elegido", acusó su portavoz, Miren Azkarate. "Estamos ante un hecho histórico de especial gravedad", añadió, al tiempo que consideró que el juicio lo será "contra la sociedad vasca y su voluntad mayoritaria de alcanzar la paz y la normalización política".
El PSE-EE reaccionó con un escueto comunicado en el que manifiesta su respeto por las decisiones judiciales y anuncia que la defensa de sus dirigentes Patxi López y Rodolfo Ares volverá a pedir el archivo de la causa, argumentando que no se puede someter a juicio a quien está acusado sólo por una acusación popular. "Si esto no prosperase", adelantan los socialistas, "existen razones sobradas para demostrar que no se ha cometido ningún delito", por lo que confían en "obtener una sentencia absolutoria". López y Ares, sostiene el PSE, se limitaron a cumplir "con la obligación política de trabajar para lograr la paz".
"Han cruzado la raya", fue la primera frase del comunicado del Gobierno vasco. "Por impulso político, se enjuicia penalmente al lehendakari por ejercer su función política, para la que ha sido elegido por la sociedad vasca", añadía. La decisión, judicial, según Miren Azkarate, "criminaliza el diálogo político".
Jurisprudencia contraria
El Gobierno vasco cree que la apertura del juicio contradice la Constitución, la doctrina del Supremo y las reiteradas peticiones de sobreseimiento y archivo de la Fiscalía. E incluso la jurisprudencia del propio Tribunal Superior vasco, que habría usado en otros casos "criterios radicalmente contrarios a los que se utilizan ahora". La portavoz denunció también "el llamativo silencio" del Constitucional.
Batasuna señaló que "la cruda realidad" es que, aunque Ibarretxe y López sean enjuiciados, los únicos dirigentes que están en prisión son los suyos.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, arremetió contra la decisión del tribunal porque "dialogar, incluso con el diablo, es una función inherente a la política". "No admitimos injerencias [de los jueces] en nuestro trabajo y una parte de él es la negociación con otras fuerzas, incluso con el diablo", insistió.
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