El transporte escolar vulnera el decreto estatal sobre seguridad
Las norma obliga a dotar con cinturones todas las plazas
La Generalitat Valenciana incumple el real decreto estatal en materia de seguridad en el transporte escolar, aprobado por anterior Gobierno del PP el 27 de abril de 2001, que fijaba un plazo máximo para el desarrollo normativo autonómico y su aplicación gradual para "garantizar su total implantación en el curso 2007-2008". En 2006 más de 40.000 alumnos usaron diariamente este tipo de transporte.
Lo que supone, ahora con las nuevas normas de Tráfico, la obligación de dotar de cinturón de seguridad todas las plazas, instalar sillas para los menores de 12 años, aproximar y señalizar perfec...
La Generalitat Valenciana incumple el real decreto estatal en materia de seguridad en el transporte escolar, aprobado por anterior Gobierno del PP el 27 de abril de 2001, que fijaba un plazo máximo para el desarrollo normativo autonómico y su aplicación gradual para "garantizar su total implantación en el curso 2007-2008". En 2006 más de 40.000 alumnos usaron diariamente este tipo de transporte.
Lo que supone, ahora con las nuevas normas de Tráfico, la obligación de dotar de cinturón de seguridad todas las plazas, instalar sillas para los menores de 12 años, aproximar y señalizar perfectamente las paradas escolares y llevar un monitor por autobús escolar (con independencia de la edad de los alumnos) que deje a los estudiantes "en la puerta del centro", según detalló ayer la federación de asociaciones de padres de alumnos de la red pública FAPA-Valencia.
FAPA lleva intentando, sin éxito, desde 2001 cerrar un acuerdo con la consejería valenciana para incorporar toda la legislación nueva al transporte escolar y ampliar su extensión a un mayor número de niños, ante el incremento de la demanda por parte de las familias que no disponen de recursos y, sobre todo, en Secundaria en los barrios donde faltan plazas públicas.
Según los últimos datos oficiales de 2006, 41.497 alumnos usaron diariamente este transporte para ir a su centro educativo, lo que supone un presupuesto anual de 40 millones de euros del que, sin embargo, no se ha beneficiado el grueso de la población con menos recursos. La causa, entre otras, se halla en el incremento de desplazamientos escolares desde zonas residenciales y macro urbanizaciones del cinturón de Valencia, precisó Gemma Piqué, ejecutiva de FAPA.
Es decir, que la Consejería de Educación ha tenido cinco años para haber aprobado ya su propio decreto autonómico en materia de seguridad escolar y haber dotado de la máxima seguridad una prestación clave también para los usuarios de servicios de comedor escolar, que proceden normalmente de familias donde los dos padres tienen que trabajar. La Administración valenciana tampoco se ha ceñido en ese mismo periodo a los "importantes cambios legislativos" habidos en la Unión Europea en materia de seguridad vial en el transporte escolar y de menores. De hecho, la Comisión Europea "emplazó" en abril pasado a clarificar "los procedimientos de contratación" para el servicio de transporte escolar en la provincia de Valencia, instando a que se cumplan las obligaciones de la nueva directiva europea de contratación pública.
De hecho, la orden de resolución del concurso firmada por el director Territorial de Valencia, Camilo Miró, salió el 6 de septiembre, un día antes del inicio de curso, lo que provocó "caos en ciertas zonas de urbanizaciones de Llíria o del interior como la Pobla de Vallbona". Pero, su duración ha batido el récord de ser la más corta, ya que ayer mismo la secretaria autonómica Concha Gómez anunció la "anulación de la adjudicación a favor de la UTE Uvacar ante el recurso interpuesto por la UTE Roymar".