Ya está bien

Todos los conflictos políticos tienen en Andalucía una dimensión que no alcanzan en las demás comunidades autónomas. Aquí no es nunca la dimensión exclusivamente autonómica la que hay que tomar en consideración, sino que siempre hay que incorporar la perspectiva estatal. De ahí la intensidad que, con frecuencia, adquiere el enfrentamiento político.

Ya nos ha pasado en bastantes ocasiones con anterioridad. Andalucía es la única comunidad autónoma en la que durante dos años consecutivos no se aprobaron los presupuestos de la comunidad, mientras que, con la misma composición parlamentaria,...

Todos los conflictos políticos tienen en Andalucía una dimensión que no alcanzan en las demás comunidades autónomas. Aquí no es nunca la dimensión exclusivamente autonómica la que hay que tomar en consideración, sino que siempre hay que incorporar la perspectiva estatal. De ahí la intensidad que, con frecuencia, adquiere el enfrentamiento político.

Ya nos ha pasado en bastantes ocasiones con anterioridad. Andalucía es la única comunidad autónoma en la que durante dos años consecutivos no se aprobaron los presupuestos de la comunidad, mientras que, con la misma composición parlamentaria, sí se aprobaban en Extremadura y Castilla-La Mancha, o a la que se le retiró la competencia sobre una caja de ahorro, como ocurrió con Cajasur tras la aprobación de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, o cuyas normas han sido recurridas ante los Tribunales cuando no ocurría lo mismo con las de otras comunidades. El peso de Andalucía en el Estado es de tal magnitud que aquí se pone siempre toda la carne en el asador.

Lo acabamos de comprobar con la última y más reciente batalla de esta tensa legislatura: con la educación para la ciudadanía. Andalucía es la única comunidad en la que se ha intentado boicotear el comienzo del curso escolar impugnando ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma los decretos de desarrollo de la Ley de Educación, sin los cuales, como ha aclarado oportunamente la consejera de Educación, Cándida Martínez, no se habría podido iniciar la actividad docente.

En las demás comunidades autónomas está habiendo maniobras para intentar impedir que los alumnos cursen la nueva asignatura, pero en ninguna se ha llegado tan lejos como en la nuestra. Aquí se ha tirado por la calle de en medio y se ha tomado una iniciativa, que, de haber prosperado, hubiera generado el caos en nuestro sistema educativo. Y todo con la connivencia de la representación política de la derecha andaluza, que no se ha atrevido a ser ella la que tomara la iniciativa, pero que la ha dejado correr a ver si colaba.

Estas son las cosas que hacen que, después, cuando llegan las elecciones, los resultados sean los que son. La conducta de la derecha andaluza roza con demasiada frecuencia los límites de lo tolerable en una sociedad democrática. Y esto es algo que no se olvida fácilmente. Felipe González ha dicho en más de una ocasión que los andaluces son los que mejor conocen la naturaleza de la derecha española porque son los que más la han sufrido. Periódicamente tenemos ocasión de comprobarlo.

Me imagino que la batalla de la educación para la ciudadanía no ha terminado y que todavía vamos a tener que asistir a nuevos ataques con las más variadas excusas. Es algo que resulta difícilmente comprensible, porque España no ha sido un país pionero en la implantación de la asignatura, sino todo lo contrario. Y porque, precisamente por ser prácticamente el último en implantarla, lo que está haciendo es incorporar en buena medida la experiencia europea que ya existe en este terreno, como nos ha ocurrido por lo demás con la implantación en general del sistema democrático. Pero las cosas son como son.

Las circunstancias en las que se está produciendo la implantación de una asignatura tan neutra como la Educación para la Ciudadanía y, sobre todo, la reacción que se ha producido por parte de la Iglesia católica creo que debería conducirnos a reflexionar sobre la presencia de la Iglesia en nuestro sistema educativo. Es inaceptable que la religión figure en nuestro sistema de enseñanza de la forma en que lo hace, que los profesores que impartan la asignatura tengan el estatus laboral que tienen, nombrados por los obispos, pero pagados por el Estado, sin los derechos laborales que tienen los demás trabajadores y muchas cosas más. ¿Por qué hay que respetar lo que es constitucionalmente inaceptable cuando la Iglesia católica se opone a lo que es constitucionalmente inobjetable e incluso me atrevería a decir que constitucionalmente exigible?