Las sanciones impiden cerrar el conflicto de los funcionarios coruñeses
Javier Losada estudia retirar 54 expedientes
La resolución del conflicto laboral en el Ayuntamiento de A Coruña, que enfrenta desde hace 20 meses a la mayoría de los funcionarios con el gobierno municipal, está pendiente de la retirada de los expedientes disciplinarios a 54 bomberos. Ésa fue al menos la condición que la asamblea de trabajadores acordó para aceptar como válido el preacuerdo al que llegaron los sindicatos con la responsable de Personal, Obdulia Taboadela, el pasado día 28 de agosto. La junta de personal entregó el mediodía de ayer las conclusiones de la reunión a Taboadela, que según los representantes sindicales, se compr...
La resolución del conflicto laboral en el Ayuntamiento de A Coruña, que enfrenta desde hace 20 meses a la mayoría de los funcionarios con el gobierno municipal, está pendiente de la retirada de los expedientes disciplinarios a 54 bomberos. Ésa fue al menos la condición que la asamblea de trabajadores acordó para aceptar como válido el preacuerdo al que llegaron los sindicatos con la responsable de Personal, Obdulia Taboadela, el pasado día 28 de agosto. La junta de personal entregó el mediodía de ayer las conclusiones de la reunión a Taboadela, que según los representantes sindicales, se comprometió a dar una respuesta, pero no especificó en qué plazo.
"Es el gobierno local quien tiene ahora la responsabilidad de poner fin al problema", señaló el presidente de la junta, Manuel Aceña, de CSI-CSIF. El representante de la CIG, Roberto Tizón, aseguró que, hasta que sean retirados los expedientes, "el conflicto sigue abierto con todas las consecuencias". En las dependencias oficiales del palacio de María Pita habían dado prácticamente por resuelto el enfrentamiento después del preacuerdo que establecía una retribución mínima de 1.000 euros netos para los cerca de 250 empleados (de un total de 1.300) cuyo salario era menor hasta ahora. Los sindicatos habían vinculado la aprobación final a la aprobación de los afectados.
El rechazo de funcionarios y contratados laborales del ayuntamiento, apoyados por CC OO, CIG y CSI-CSIF, a las condiciones salariales que el gobierno local había acordado con UGT generó un conflicto jalonado de todo tipo de protestas, que el actual alcalde, Javier Losada, heredó del anterior Francisco Vázquez. Las más llamativas incluyeron una marcha a Madrid, el mantenimiento durante meses de un campamento urbano y la presencia constante y sonora de grupos reivindicativos en las actividades públicas de la alcaldía.
La extensión y la intensidad del conflicto fueron determinantes en el resultado de la asamblea que reunió en el Coliseum a última hora del martes a unos 600 trabajadores. A tenor de las intervenciones, el sí absolutamente mayoritario obedeció más al cansancio de una lucha sin demasiadas perspectivas de solución.