Bruselas adoptará medidas para proteger el sector energético tras la liberalización

La Comisión Europea prepara un paquete de medidas para evitar que los grupos extranjeros de la energía que operan en Europa se aprovechen de las próximas normas comunitarias que exigirán una división patrimonial de las empresas europeas del sector. Las medidas se incorporarán en el paquete que presentará la Comisión el próximo 19 de septiembre y que incluye el polémico ownership unbundling (separación patrimonial de las compañías) para facilitar el acceso de terceros a la red. El objetivo es que los consumidores puedan efectivamente elegir la compañía.

Tras una larga batalla con ...

La Comisión Europea prepara un paquete de medidas para evitar que los grupos extranjeros de la energía que operan en Europa se aprovechen de las próximas normas comunitarias que exigirán una división patrimonial de las empresas europeas del sector. Las medidas se incorporarán en el paquete que presentará la Comisión el próximo 19 de septiembre y que incluye el polémico ownership unbundling (separación patrimonial de las compañías) para facilitar el acceso de terceros a la red. El objetivo es que los consumidores puedan efectivamente elegir la compañía.

Tras una larga batalla con los grandes grupos energéticos europeos (E.ON, EDF y GDF), Bruselas insiste en que estas compañías deben dividirse verticalmente de manera que las actividades de transporte sean realizadas por empresas completamente independientes de las de generación o comercialización. La fórmula jurídica de esta separación todavía no se ha definido. El propósito es impedir que los grandes monopolios, que controlan las redes de distribución, no impidan o dificulten la entrada de nuevas compañías en el mercado.

La Comisión ya había anunciado hace varios meses que estas medidas de la división de las empresas afectarían también a las compañías extranjeras que operaban en la Unión Europea. La propuesta europea provocó el rechazo y la descalificación de la medida por parte de Dmitri Medvedev, vicepresidente de Gaz-prom, el principal suministrador de gas de la UE.

El problema está en que las empresas extranjeras pueden burlar esta normativa al no estar sometidas en las mismas condiciones a la legislación comunitaria. Por ello, para proteger a los grupos energéticos europeos y a petición de varios Estados miembros y grupos parlamentarios, la Comisión prepara medidas específicas para restringir la actuación de las empresas extranjeras en la UE.

Ferrán Tarradellas, portavoz, del comisario de Energía de la Comisión, Andris Piebalgs, manifestó ayer: "Lo único que queremos es evitar que las empresas extranjeras tengan ventajas competitivas respecto a las empresas europeas". "Nuestro objetivo", añadió, "es aumentar eficientemente la competencia y que los ciudadanos puedan elegir de verdad a su proveedor".

El paquete de medidas del próximo 19 de septiembre prevé la creación de un regulador europeo; medidas concretas sobre los poderes de los reguladores nacionales; nuevas medidas sobre la transparencia en el mercado, que implicarán que las empresas deberán ofrecer más información y una norma específica sobre los derechos del usuario. Esta última norma persigue que el consumidor, ya sea un particular o una empresa, pueda efectivamente elegir a su proveedor y de esta manera asegurar el buen funcionamiento de un mercado de plena competencia.

La UE quiere establecer "una cláusula de reciprocidad" con los inversores extranjeros que impida la competencia desigual en un mercado en que, sin embargo, las relaciones son ya muy desiguales por la distinta posición entre suministradores y consumidores.

El sector de la energía está especialmente sensibilizado de manera significativa con los proveedores rusos. La semana pasada, las autoridades alemanas indicaron su preocupación por la reducción de suministro de petróleo ruso a Alemania a través del oleoducto Druzhba (Amistad).

Las anteriores interrupciones de gas a Georgia y Ucrania y reducciones de petróleo a Lituania, en determinados momentos, están siempre presentes en los países europeos, que dependen en un 25% del gas y petróleo de Rusia.