La juez investiga la implicación del PP de Pontevedra en los falsos voluntarios
Las indagaciones desmontan los informes oficiales de la dirección del partido
La investigación de la juez de Cambados que instruye el caso de los falsos voluntarios que el PP presentó para completar sus candidaturas en Euskadi apunta hacia la sede provincial del partido en Pontevedra. Después de comprobar que el remite de uno de los faxes recibidos en el Pais Vasco se envío desde la oficina del PP pontevedrés, la juez ha solicitado a las juntas electorales de Vizcaya los impresos originales. La caligrafía de las copias examinadas constata que dos personas cumplimentaron todos los formularios en Pontevedra y Bilbao el 7 de marzo y el 18 abril.
La titular del juzga...
La investigación de la juez de Cambados que instruye el caso de los falsos voluntarios que el PP presentó para completar sus candidaturas en Euskadi apunta hacia la sede provincial del partido en Pontevedra. Después de comprobar que el remite de uno de los faxes recibidos en el Pais Vasco se envío desde la oficina del PP pontevedrés, la juez ha solicitado a las juntas electorales de Vizcaya los impresos originales. La caligrafía de las copias examinadas constata que dos personas cumplimentaron todos los formularios en Pontevedra y Bilbao el 7 de marzo y el 18 abril.
La titular del juzgado de Cambados, Irene Roura, ha requerido a la empresa Telefónica para que identifique al propietario del número de fax 986 853193 desde el que se enviaron las solicitudes para la inscripción de candidatos del PP vasco a las elecciones municipales. Y en una providencia dictada el pasado viernes ha solicitado además a las juntas electorales de zona de Euskadi que remitan al juzgado la documentación oficial presuntamente manipulada que permitió la inscripción como candidatos del PP en las listas vascas de personas que no habían dado su consentimiento a esta formación política.
La instructora del caso ha adoptado esta decisión después de haber examinado los faxes remitidos desde las juntas electorales y de constatar, según fuentes próximas al caso, que los formularios fueron cumplimentados de forma manuscrita y por dos personas diferentes. En ellos se aprecia con claridad que una parte del impreso se cubrió en Pontevedra el 7 de marzo, fecha que coincide con la carátula del fax, y la otra con distinta caligrafía, se remató en Bilbao donde fue fechada el 18 de abril. Con estas revelaciones, la investigación judicial está desmontando la versión oficial que el PP elevó a la fiscalía a través de sendos informes firmados por su secretario general, Alfonso Rueda, y suscritos también por el secretario de Organización del PP de Pontevedra y vicepresidente de la Diputación, José Juan Durán, y el ex alcalde de O Grove Miguel Ángel Pérez.
La explicación oficial de los dirigentes populares ha sido ya incorporada a las diligencias y choca con lo que ha explicado ante la juez el alcalde de O Grove en su declaración como imputado. El informe relata que las fichas con las solicitudes de los candidatos voluntarios no se cubrieron en la sede del PP de Pontevedra sino que "se recibieron por correo a través de los responsables locales y en otros casos fueron entregados en mano por ciudadanos anónimos o miembros del partido" a los que no identifica. Durán subraya además que "por motivos de confidencialidad y seguridad" el partido "no elabora un registro de entrada ni se guardan copias de las solicitudes" para las que el PP no exige la condición de afiliado, pero sí la firma del candidato voluntario y la fotocopia del DNI.
Hay muchos indicios, sin embargo, que apuntan a que la sede provincial guardó datos de los candidatos. Así se desprende del testimonio del ex alcalde de O Grove, que en su declaración judicial citó a dos funcionarios de la sede, "un tal Manuel y una tal Carmela", que, según él, le informaron después de que trascendieran los primeros casos de supuestas falsificaciones de que "eran 12 o 13" los afectados por el fraude, y llegaron a darle incluso algunos nombres y apellidos al ex regidor grovense. Los funcionarios ya han sido citados a declarar por la titular del juzgado.
Pérez confirmó que había hecho esa llamada a la sede provincial porque del PP de O Grove partió sólo la solicitud de la única voluntaria que sí prestó su consentimiento. Esta documentación, dijo, la llevó personalmente el coordinador de campaña y ex primer teniente de alcalde de O Grove, Alexandre Aguín, a las oficinas del partido en Pontevedra. El propio Aguín ofrecerá su versión en el juzgado esta mañana, tras ser llamado a declarar por la juez.
Fuentes próximas al caso no descartan nuevas citaciones que podrían incluir a algunos miembros de la dirección del PP de Pontevedra, entre ellos los autores del informe remitido a la Fiscalía. En las elecciones municipales del pasado mes de junio, el PP pontevedrés dobló al resto de provincias gallegas en número de voluntarios para completar las listas en aquellos municipios vascos donde la presión del entorno abertzale impide a la formación popular formalizar sus candidaturas.
Sospechas de que el fraude es todavía mayor
Fuentes próximas a la investigación han confirmado que la verdadera magnitud de las prácticas fraudulentas para presentar sin su consentimiento a varios vecinos de O Grove y otras localidades pontevedresas como voluntarios para completar las candidaturas del PP en el País Vasco sólo se hubiese conocido si las irregularidades no hubiesen trascendido a los medios de comunicación.
Según esta hipótesis, el número de falsos voluntarios sería mucho mayor que el que de momento se conoce. Los investigadores sospechan que el PP de Euskadi dejó de enviar cartas de agradecimiento a los voluntarios gallegos cuando empezaron a trascender las primeras irregularidades. De hecho, el juzgado de Cambados ha recopilado información en los últimos días de un nuevo falso voluntario en la provincia de Pontevedra, y personas cercanas al caso calculan que podría haber ya una veintena de vecinos afectados sólo en el municipio de O Grove.
La identidad de este último perjudicado se añadirá a la lista que figura en poder de la titular del juzgado de Cambados y que amenaza con convertirse en una pesadilla para el Partido Popular de Pontevedra.
En la lista judicial no se incluyen, en cambio, los casos de dos vecinas de A Illa de Arousa. Una de ellas era militante del PP y pidió la baja cuando se enteró de que su nombre aparecía en una candidatura vasca. La otra es una funcionaria del centro hospitalario Príncipe Felipe, que al igual que su vecina tampoco ha presentado denuncia.
La constatación de que hay personas cuya identidad fue suplantada por el PP lejos del ayuntamiento de O Grove echa por tierra la teoría del presidente del PP pontevedrés, Rafael Louzán de que el caso del fraude en las listas de Euskadi "acaba y comienza" en ese municipio, algo que ha repetido hasta la saciedad desde que estalló el caso.
Esta semana cinco de los afectados de O Grove que sí judicializaron sus protestas prestarán declaración en Cambados. Todos están vinculados al Grupo Municipal de Intervención Rápida, de Protección Civil, y la mayoría sigue trabajando para el ayuntamiento. La jueza escuchará además a dos funcionarias de este servicio. Isabel Agrelo y Susana Otero, que declararán como imputadas y que, según fuentes de la investigación, habrían tenido acceso a los datos personales y a los documentos de identidad de los denunciantes.